01 de febrero de 2017
01.02.2017

El futuro de las firmas públicas, objeto de negociación

La ley prevé el fin de las entidades de derecho público, y su personal podría pasar un proceso de funcionarización

31.01.2017 | 22:06

La Conselleria de Hacienda iniciará en breve una ronda de contactos con las conselleries para negociar el futuro de los diferentes entes que conforman el sector público empresarial. La reclasificación de cada una de las firmas, su redimensionamiento, la delimitación de competencias o su posible extinción es una de las piezas fundamentales de la futura ley sobre el sector público que, según dijo ayer Soler, está «a punto de caramelo». La norma está resultando muy compleja dado el panorama heredado: «No ha sido fácil revertir un sector donde reinaba el descontrol, alejado de la luz y transparencia».

El conseller explicó que el problema no es el número de firmas que quedarán, sino si son o no útiles para la gestión. Como novedad, según ha sabido este diario, el borrador incluye la desaparición de las entidades de derecho público que podrán convertirse en organismos autónomos o entidades públicas empresariales. En el primer caso, el personal podría someterse a un proceso de funcionarización ya que se integraría en la Administración de la Generalitat. Hay siete entidades afectadas, entre ellas la nueva Corporación de Medios. Se trata de la Agencia de Turismo, la de Evaluación y Prospectiva, el Instituto de Acción Social, el IVAM, Culturarts y el Ivace. De esta manera se simplifica el panorama jurídico.

La gestión del sector público está siendo difícil. Existe, por un lado, un problema competencial, ya que aunque la conselleria tiene competencias transversales, cada entidad depende orgánicamente de un departamento. Y hay quien no quiere perder el control. En algunos casos, conseguir los datos de las plantillas ha sido una odisea.

Fuentes de Hacienda admiten que la cuestión del personal está siendo muy delicada. Aunque se trata de trabajadores que no se sometieron a procesos selectivos, tienen derechos laborales consolidados y, en muchos casos, controlan los resortes de funcionamiento al estar en puestos claves. La nueva ley, cuyo referente es la norma estatal, está muy avanzada. El objetivo es dotarse de un instrumento para incrementar los controles en el sector mediante la realización de auditorías.

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