El grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro de los contratos del Ayuntamiento de Valencia y sus antiguas fundaciones con la empresa Laterne durante la etapa de Rita Barberá en la pieza del Caso Taula que sigue secreta. Dos agentes de la UCO repasaron ayer durante varias horas los archivos del antiguo Centro de Estrategias y Desarrollo Local (CEyD), presidido por la entonces alcaldesa y que contaba con Alfonso Grau como concejal delegado, y que actualmente se conservan en la Fundación Inndea, ubicada en Las Naves de Juan Verdeguer.

El CEyD adjudicó contratos por valor de 500.000 a las empresas del grupo Laterne, según denunciaron los socialistas cuando estaban en la oposición. Laterne SL fue una consultora de comunicación que supuestamente financió de manera irregular la campaña electoral municipal de Rita Barberá en 2007, como presuntamente hizo Orange Market con el PPCV.

Entre los contratos del CEyD y una de las filiales del grupo Laterne Product Council, City Marketing Council, requisados por la UCO se encuentra el de un «infobarómetro municipal de la ciudad de Valencia» que, finalmente, no realizó esta empresa aunque sí cobró 300.000 euros por estas tareas.

De hecho, la empresa City Marketing Council se creó el 2 de agosto de 2007 y firmó un contrato con el CEyD el 13 de septiembre de 2007 para «la puesta en marcha del Observatorio de la Ciudad». Dos días después, la mercantil administrada por el cirujano y empresario Vicente Sáez Tormo (ya fallecido) presentó al cobro dos facturas por valor de 200.000 y 100.000 euros por cinco actuaciones incluidas en el anterior contrato: «Observatorio de la ciudad que incluía la elaboración del estudio o infobarómetro con 800 encuestas; un plan de gestión de marcas, inicio del hospitality de Valencia, gestiones para potenciar alianzas estratégicas entre operadores locales y nacionales y desarrollo de acciones de comunicación».

La misma empresa presentó meses después, en mayo de 2008, facturas rectificadas que, supuestamente, suponían la devolución de los 300.000 euros facturados en septiembre de 2007. Aunque ese mismo día City Marketing Council aportaba otra factura al cobro por valor de 201.846 euros y que reducía a cinco los anteriores trabajos pactados en el contrato de septiembre de 2007.

Ese mismo verano se descubrió el fiasco del grupo Laterne con otro de sus proyectos estrella, el patrocinio al Valencia CF de 6 millones de euros a través de la marca «Valencia Experience» (negociada por el empresario Sáez-Merino y Jesús Wollstein, exdirectivo del Valencia CF y marido de la diputada Marta Torrado). El grupo empresarial Laterne, al que ahora se investiga por financiar irregularmente la campaña electoral del PP de Valencia de 2007 en la que Barberá alcanzó su techo electoral, dejó de pagar a sus dieciséis trabajadores, entró en quiebra y tuvo que cerrar.

Toda esta información fue recopilada a cuenta gotas por la concejala del grupo municipal socialista, Ana Botella, y aportada ante la Fiscalía de Valencia por el entonces portavoz de Compromís, Joan Ribó, aunque la investigación se archivó en enero de 2011 al no hallar indicios suficientes de delito.

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Valencia y el Grupo Laterne SL se tradujeron en el pago de 1,3 millones de euros a las seis empresas satélite de este conglomerado empresarial. Un dinero público rodeado en todo momento por la opacidad que mostraron sus máximos responsables municipales, Rita Barberá y Alfonso Grau, que protagonizaron agrios enfrentamientos con la concejala socialista Ana Botella, al intentar ésta última acceder a las cuentas de las Fundación Turismo Valencia Convention Boureau (visitada el lunes por la UCO de la Guardia Civil), la Fundación Fivec, el CEyD así como el servicio de innovación que, además de Alfonso Grau, estuvieron dirigidos por los concejales Eduardo Santón y Beatriz Simón, como informó Levante-EMV.