La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha adjudicado el servicio de taxi y vehículos con conductor para los órganos de la Administración de Justicia en las provincias de València y Alicante a la empresa de transporte Transvía S.L. para los próximos dos años (prorrogables por otros dos) por un importe de 3,6 millones de euros.
La firma adjudicataria fue investigada en el caso de los relojes de Alfonso Grau por comprar los obsequios que recibió el exvicealcalde de València a cambio de la presunta concesión de diversos contratos por parte equipo de gobierno, entonces en manos del Partido Popular.
Ahora el grupo Transvía, especializado en transporte por carretera y con sede en Valencia, ingresará 2.068,174 euros por el servicio de transporte en la provincia de Valencia y 1.612.329 euros por la provincia de Alicante. En estos momentos, hay un contrato en vigor hasta octubre de 2018 para el transporte de los órganos judiciales de la provincia de Castellón otorgado a la empresa Benibús S.A., dotado con un presupuesto de 583.656,81euros.
La finalidad de este servicio es cubrir las necesidades de transporte y locomoción de los órganos de la Administración de Justicia para el cumplimiento de sus funciones y competencias. El servicio está destinado a permitir la práctica de actuaciones que por su inmediatez, lejanía, u otro tipo de características, no sea posible utilizar otros medios de transporte alternativos.
Justicia establece para Valencia un total de 2.550 horas mensuales, a las que hay que añadir 3.060 horas/mes de servicios extraordinarios, como el traslado de las comisiones judiciales para declaraciones judiciales en domicilio, reconocimientos judiciales y forenses en internamientos, así como entradas, registros y levantamientos de cadáveres. La provincia de Alicante tiene un crédito horario mensual para la utilización de vehículos de 2.552 horas, más un total de 2.702,4, horas/mes correspondiente a los servicios extraordinarios. En el caso de Castellón, sus órganos judiciales disponen de un máximo de 976 horas para el servicio ordinario y 1.171,2 horas mensuales extra.
