Más parece un laboratorio. Paredes impolutas, gris, blanco y cristal. Difícil imaginar que estos centenares de metros cuadrados a un paso de la Catedral de València fueron uno de los mayores nidos de corrupción: el reino del hoy místico Marcos Benavent, antes depredador de las arcas públicas y yonqui del dinero. Si los tabiques hablaran... En la sede de la antigua Imelsa, hoy Divalterra en un desesperado afán por arrinconar el pasado, gobierna (primero de forma compartida, luego en solitario) Agustina Brines, una ex de Canal 9 que estuvo también en la empresa municipal de Burjassot. Orden y asepsia clínica en el despacho, funcional y más bien pequeño, de la gerente.
Empezaron José Ramón Tíller, José Luis Vera y usted. Se fue Tíller para que llegara Víctor Sahuquillo. Cayeron después este y Vera. Queda usted del equipo inicial. Todo en menos de dos años. ¿Qué conclusiones saca?
Para mí, a partir de enero pasado es otra empresa. Es cuando empieza Divalterra realmente. Intentar reconducir una empresa que era el paradigma de la corrupción supuso comprobar que los planes con los que llegábamos se venían abajo. Estaba desestructurada completamente, con áreas estanco y una plantilla que casi no se conocía entre sí. Parece que han sido diez años... Ahora lo veo en positivo por el crecimiento y el desarrollo de la plantilla.
Dice que la empresa empieza para usted en enero y poco antes la diputación anunciaba la voladura controlada de Divalterra. ¿Qué ha sido de eso?
A ver... En 2015 y 2016 no trabajamos en clave empresarial, sino judicial. La UCO y el sistema judicial formaban parte casi de la plantilla de la empresa. Dedicábamos gran parte de nuestro tiempo y nuestros recursos a ayudarles. De gestión pudimos hacer muy poco, porque primaba la investigación de Imelsa. A partir de diciembre, cuando sale la parte penal de aquí y nos vamos de vacaciones, decidimos que, más allá de las decisiones políticas, que no dependen de nosotros, teníamos que tirar adelante.
¿Ya no hay agentes ni investigadores judiciales en los despachos de la empresa?
Afortunadamente ya no están instalados. Por lo que leo en prensa continúan con su labor en los juzgados.
¿Qué ha sido lo peor de estos 18 meses?
¡Uf! Ha habido momentos de frustración. Parecía mentira que pudiéramos deshacernos de Imelsa y continuar con Divalterra. Ha habido momentos personales duros. Lo mejor ha sido el apoyo de la gente, incluso la que era reacia al principio a la nueva forma de dirección. Ahora ve que es la única manera: ser responsables cada uno de nuestro trabajo y focalizarlo en lo que interesa, que es la atención a los ayuntamientos.
¿Pero la voladura controlada existe o no?
Yo no la veo... Ha habido una reestructuración de empresa y, por ejemplo, la dirección técnica de las brigadas forestales se llevará desde Bomberos, como existía, pero de una manera protocolizada. Y quedan líneas por ver, pero que yo sepa, la empresa va a quedarse como está.
¿Usted defiende la necesidad de la empresa?
Sí. Es muy importante para los ayuntamientos pequeños, que tienen una asistencia técnica que creo que no tendrían de otra manera. Si no estuviéramos, la diputación lo tendría que hacer con elementos externos y una empresa privada busca la rentabilidad, mientras que Divalterra busca el servicio.
Hablaba antes de las brigadas forestales. Se anunció que esas 570 personas se traspasarían al Consorci de Bombers. Por lo que dice, no es así.
Las brigadas siempre han trabajado de la mano de Bombers. La dirección técnica, la prioridad de faenas a acometer, es la que ahora estará en Bombers, pero las brigadas dependerán de Divalterra como recursos humanos. Tenemos un plan de formación muy ambicioso con ellos, tanto en silvicultura como en emergencias.
Están también con un proyecto de reducción del absentismo laboral. ¿Significa que ha sido un problema hasta ahora?
Sí. Notamos una carencia muy grande. Pero es una cuestión relacionada con bajas laborales y su duración, no con los zombis. En 2015 se perdieron cerca de 5.000 jornadas de trabajo y hablamos ahora de una reducción del 50 %.
¿Cómo se hace?
Con una atención más rápida y efectiva en colaboración con las mutuas.
¿Quedan zombis?
No queda ni uno ni una.
¿Y colocados de Marcos Benavent?
Es que no sé a cuántos colocó él. En una empresa pública tú has de cumplir unos requisitos de acceso al puesto de trabajo, pero si no los has cumplido no justifica que te puedas ir a la calle, porque tienes un contrato laboral y unos derechos laborales. Nosotros apostamos por la formalización de esa plantilla. Lo primero que hemos hecho es un plan de formación. Había puestos sin sentido y sin lugar de trabajo aquí -venían a pasar el día y ya está- y esos son los que han salido.
¿Cuántos?
Menos de cuarenta. Unos 30.
¿Y llegados a este punto es absurdo nombrar a un cogerente o un consejero delegado?
Eso es fruto de un pacto político y no soy yo quien ha de contestar. La cogerencia es una corresponsabilidad que se acordó en virtud de ese pacto y está por encima de mí.
Pero tiene unos efectos prácticos en la empresa: hay determinados contratos que no puede firmar, el consejo se ha de reunir más...
De momento, como entendemos que es un periodo transitorio, todo se lleva al consejo de administración. Como no tenemos nada que ocultar, no supone ningún problema.
¿Divalterra es una entidad intervenida por la presidencia de la diputación?
¿Cómo?
Colocaron aquí a dos personas para controlar el día a día, ¿no?
Vinieron dos personas de Intervención y del área jurídica y vieron que no hay nada qué intervenir. Trabajamos coordinados, pero no tutorizados por nadie. La relación es fluida.
¿El contrato de 600.000 euros para representación jurídica fue un error?
No puedo contestar a eso porque la parte penal la desconozco. No puedo valorarlo. No salió y ya está.
¿Y volverá José Luis Vera a Divalterra?
Está de baja laboral...
También fue apartado temporalmente por el contrato de los 600.000 euros y luego una auditoría dijo que no existían irregularidades.
Que yo sepa, continúa en situación de baja y no hay nada más.
¿Se han incrementado los controles del gasto tras el caso Sahuquillo: los gintonics y coche 24 horas a cargo de la caja pública?
Ya estaban perfectamente protocolizados.
¿Entonces cómo pudieron pasar esos hechos?
Los técnicos no tienen por qué fiscalizar lo que hizo, que es una cuestión de ética profesional y personal. Al fin y al cabo, era un gerente. No hay un reglamento que diga que esos gastos están prohibidos. Entra dentro de los valores y la ética personal.
Está con un cambio de cultura y organización, también de modernización y formación? No parecen los pasos de una empresa que va a ser extinguida o reducida...
No. Divalterra no empezaba de cero, sino de menos diez o menos veinte y ahora creo que empezamos a llegar al punto de partida. La empresa ha de tener una misión, una visión y unos valores y es lo que hemos aplicado desde el principio. Va ligado a un código ético y de buen gobierno, porque mucha gente nos cuenta que no se podía imaginar lo que estaba pasando en el despacho de al lado.
