La nueva política del Gobierno en minoría de diálogo previo a cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional da su primer fruto.
La ley de la nueva RTVV se libra de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy la lleve al alto tribunal, como amenazó, ya que ha habido acuerdo en la comisión bilateral creada con el Consell para analizar los tres artículos en los que no estaba de acuerdo.
La consecuencia es que los extrabajadores del anterior Canal 9 verán limitados los hipotéticos privilegios en el acceso a la nueva tele previstos en la ley.
Así, la valoración de méritos de cara a las contrataciones de personal no supondrá, «en ningún caso, una medida desproporcionada que implique una desigualdad de trato arbitraria e incompatible» con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Los beneficios no pueden suponer tampoco «una restricción al derecho de todo ciudadano a acceder al empleo público en condiciones de igualdad», señala el documento del acuerdo firmado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La relación de la actual Corporació Valenciana de Mitjans con los ex de la vieja RTVV, cerrada en 2013 por el anterior Gobierno de Alberto Fabra, ha sido uno de los puntos calientes en toda la redacción de la ley. El grupo de Podemos en las Corts ha sido el que ha comandado la elaboración de la norma y ha defendido que los extrabajadores debían figurar en la ley de la nueva televisión, si bien juristas y otros grupos lo veían problemático.
Finalmente, la norma promulgada en julio pasado prevé que la puesta en marcha del nuevo ente se realice mediante una bolsa de trabajo en la que «se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y el que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo».
Figura de esta manera en una disposición transitoria, que también precisa que para la provisión definitiva de puestos de trabajo se tendrá en cuenta en la baremación para las oposiciones «la antigüedad en la extinta RTVV en un puesto de trabajo de las características análogas del puesto de trabajo a ocupar y haber accedido mediante un proceso selectivo».
Sin embargo, el Gobierno observó inconvenientes legales en estos privilegios (en teoría, se trata de una nueva empresa) y advirtió de un posible recurso ante el Constitucional.
Finalmente, la Generalitat y la Corporació Valenciana de Mitjans, que preside Enrique Soriano, han acabado aceptando poner límites a los mencionados beneficios cuando toque la contratación de personal. Esta se ha retrasado y uno de los motivos era la amenaza del recurso. Otro es el alcance de los acuerdos del ERE, que vencen en junio próximo.
La ley tiene que ser modificada
El asunto de los ex no obligará a modificar la ley de la nueva RTVV, según las fuentes consultadas. Sí habrá que hacerlo por el otro punto en litigio: el artículo 42, que hace referencia a la imposibilidad de contratar en paraísos fiscales. El Consell asume derogar el apartado cuarto de este precepto, remitiendo su contenido a las prohibiciones de contratación establecidas con carácter general en la legislación básica.
