La batalla contra los 'enchufados' de las empresas y fundaciones públicas de la Generalitat fue una de las banderas de Compromís cuando estaba en la oposición.
El hoy presidente de las Corts y en su día portavoz del grupo parlamentario de la coalición, Enric Morera, protagonizó algunas de las intervenciones más sonadas al llegar a cifrar en 15.000 las personas que habían recalado en la administración popular sin superar ningún proceso electivo. La mayoría de ellas, aseguraba entonces Compromís, había encontrado acomodo en el sector público. La formación, hoy socia de gobierno del PSPV en el Consell, llegó incluso a poner en marcha un web para recibir denuncias e identificar públicamente a quienes habían sido contratados «a dedo».
Limpiar la Administración
Con este compromiso de «limpiar» la administración de afines al PP, la solución que la Conselleria de Hacienda pretende dar a la plantilla del sector público ha caído como un jarro de agua fría en Compromís, que ya está analizando cómo plantar batalla.
El anteproyecto de ley reguladora del sector público empresarial revelado hace unos días por Levante-EMV no recoge ninguna fórmula para obligar al personal que en su momento fue contratado «a dedo» a pasar una oposición para consolidar su puesto. La norma contempla el sistema de concurso -oposición para futuras incorporaciones, pero en lo referente a la actual plantilla se acerca más a una ley de punto final ya que incluso contempla que los laborales fijos (al margen de su acceso) puedan quedar integrados en la Administración del Consell con la figura «a extinguir». Es decir, se les da la posibilidad, sin convertirse en funcionarios, de seguir en su puesto hasta la jubilación.
El borrador del anteproyecto está listo, pero todavía no se ha iniciado el trámite para su aprobación. Es decir, la conselleria no lo ha remitido al resto de departamentos para que presenten las alegaciones pertinentes. Sin embargo, en Compromís ya han saltado las alertas y han comenzado los contactos para fijar estrategia. Ayer mismo distintos cargos de la coalición mantuvieron una reunión para acordar qué pasos seguir y cómo oponerse, llegado el caso, al proyecto de Hacienda.
Cabe apuntar que aunque Morera fue en ese momento quien puso voz a las denuncias, no fue le único que se implicó en un asunto que hoy se ha convertido en una patata caliente para la administración de Ximo Puig. Otras personas, que hoy ocupan puestos en la Generalitat o siguen en la primera línea política, también están atados a ese pasado en las trincheras y no están contentos con la hoja de ruta que la Conselleria de Hacienda, en manos del PSPV, se ha marcado.
Así, las cosas, el proyecto de la ley del sector público lleva camino de abrir otra grieta en el bipartito, como ocurrió con la ley de la función pública a cuenta del requisito lingüístico. Entonces, las consellerias controladas por Compromís pactaron las alegaciones para tener más fuerza frente al departamento de Gabriela Bravo, quien se vio obligada a ceder en algunos aspectos de la ley. La fórmula podría repetirse, en el caso de que, el texto que se tramite sin cambios en lo relativo al personal.
Las plazas no fijas, a oposición
Oficialmente, el grupo parlamentario de Compromís indicó, a preguntas de este diario, que apuestan «como regla general» por que todas las plazas no fijas salgan a oposición, incluyendo aquellas que están ocupadas por personal que no ha pasado ningún proceso selectivo».
Compromís exige a Rajoy que elimine los límites para poder fortalecer la administración con profesionales elegios por procesos de selección abiertos y transparentes. Compromís valora la nueva ley para hacer frente al caos que dejó el PP con el abusó en el sector público del acceso sin ningún proceso selectivo.
Con todo, las reticencias a una ley que consolide a toda la plantilla actual podrían no reducirse a Compromís. Está por ver la posición de otros cargos, como la titular de Justicia, muy estricta en asuntos de acceso a la administración.
