Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha publicado las bases de la convocatoria de 12 bolsas de empleo temporal para ocho puestos y demarcaciones, entre ellos los de maquinistas, personal de atención al cliente y oficiales de taller. En total, podrán formar parte de las bolsas de trabajo -que FGV calcula que funcionarán a partir de julio- unas 1.570 personas. Estas bolsas sustituyen a las cuatro actuales, que finalizan el 20 de mayo y se prorrogan hasta verano.
La finalidad principal de esta convocatoria es «minimizar la demora en las autorizaciones para la contratación temporal de trabajadores en los casos de urgente necesidad», aseguran fuentes de FGV, después de que la Conselleria de Hacienda haya permitido a la empresa ferroviaria a poder contratar directamente en situaciones de necesidad urgente e inaplazable.
A las bolsas de trabajo se podrá optar hasta el 18 de mayo, y estarán formadas por 520 integrantes para trabajar en el TRAM de Alicante y 1.057 en Metrovalencia. Las listas (diferentes para València y Alicante) estarán formadas por un total de: 200 personas para atención al cliente; 450 para maquinistas tanto de metro como de tranvía; 200 para circulación; 450 para talleres; 70 candidatos para el trabajo en vías y obras; y 200 para oficios eléctricos.
Los integrantes de las bolsas se ordenarán por méritos, entre los que tendrán más peso la formación o el conocimiento reglado para poder desempeñar el trabajo concreto (entre un 50 y un 70 % de la puntuación); la experiencia un 25 %; o haberse visto afectado por el despido colectivo de 2012 (5 puntos). Además, los aspirantes deben acreditar un nivel A2 de valenciano como mínimo, y aparte se valorarán conocimientos de inglés, francés o alemán, con un máximo de hasta 30 puntos.
Los sindicatos aplauden la medida -ya que los trámites para sustituir bajas eran demasiado largos- pero recuerdan que la plantilla está en una situación extrema por la falta de personal.
Déficit de personal
Carlos Sales, secretario general del Sindicato Ferroviario-Intersindical, cree que la convocatoria de bolsas «hacía falta», pero pide que se usen para sustituir bajas e incapacidades, no las plazas vacantes. «Hay mucho déficit de personal, hubo 292 despidos y faltan trabajadores en todos los colectivos, pero las vacantes deben cubrirse con concurso oposición», apunta.
Por su parte, Juan Cruz, secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía de CC OO, ve las bolsas de trabajo «insuficientes», aunque son conscientes de las «limitaciones en contrataciones» que tienen la conselleria y las empresas públicas a causa de la Ley de Presupuestos del Estado, lo que califica de «espada de Damocles».
«Esperamos que los presupuestos permitan ofertas de empleo público para incluir personal nuevo en Transportes, como ya hemos solicitado»,explica. Si esto ocurriera , nuevos trabajadores podrían cubrir las jubilaciones, por ejemplo. Y es que, al ERE que tuvo lugar en 2012, hay que sumar las jubilaciones, que no se están sustituyendo. «La situación de la plantilla es insostenible; hay auténticos problemas para garantizar la prestación de los servicios con calidad», y quienes más lo sufren son los maquinistas, el personal de las estaciones y en talleres. Por eso, los sindicatos convocan paros, como los que tuvieron lugar ayer, aunque con servicios mínimos del 70 %.
«Es un trabajo en el que no se puede improvisar porque, por ejemplo, no puedes contratar a conductores de un día a otro, necesitan formación», recuerda Cruz.
Con las bolsas de trabajo -que tendrán una vigencia de dos años si no se convoca un concurso antes-, las bajas laborales (por incapacidades temporales, guarda legal, reubicación de trabajadores por causas médicas...) o contratos temporales como los de Fallas se deberían cubrir más rápido, pero, tal y como apuntan desde FGV, «en ningún caso suponen ni derivan en contratos indefinidos o accesos a puestos sin haber superado concurso público». Desde FGV puntualizan que es posible que una persona pueda constar en más de una lista.
Por otro lado, FGV se ha sumado al Observatorio español del Civismo del Transporte Ferroviario para reclamar más protección frente al vandalismo (como los graffitis en los convoyes), que calculan que entre 2015 y 2016 provocó un gasto de 63 millones de euros.
