La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha eliminado en un año 636 plazas de accesibilidad social que fueron adjudicadas de manera fraudulenta por el anterior Consell del PP, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Así, de las 2.158 plazas que fueron adjudicadas inicialmente por el conocido como modelo Cotino están ocupadas en la actualidad1.522, por lo que se ha reducido el número en 636 plazas.
El departamento que dirige Mònica Oltra remitió una orden a las direcciones territoriales para que evitaran iniciar nuevos expedientes de ingreso de usuarios en las plazas que integraban el segundo tercio de accesibilidad social y que se veían afectadas por la sentencia. Así, una vez que finalice el ingreso de los usuarios con expediente en trámite, «dichas plazas quedarán fuera de la Red de Centros Públicos y Concertados conforme las mismas vayan quedando vacantes».
La conselleria decidió no anular las plazas adjudicadas de forma irregular para no perjudicar a los usuarios que ya están ingresados en plazas de este segundo tercio. «Queremos evitar cualquier situación que pueda perjudicar a los mismos», explicaron fuentes de Igualdad. «Por eso, continuarán en los centros, sin perjuicio de que se inicien los trámites administrativos correspondientes para regularizar la situación contractual de los mismos», apuntaron las mismas fuentes.
Sin embargo, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) aseguraron que el mantenimiento de las plazas del segundo tercio «supondrá un enriquecimiento injusto para las empresas que resultaron adjudicatarias en su día, aunque el proceso fuera irregular, porque no les quedan las plazas, de hecho, ahora tiene más».
Y es que el presidente de la patronal, Jose María Toro, aplaudió la presencia de un mayor número de empresas -31 según reveló ayer en exclusiva Levante-EMV- en la adjudicación de las plazas de accesibilidad social pero lamentó «que no se retiren las plazas adjudicadas de forma ilegal a las empresas, y además, resulten adjudicatarias de nuevas plazas ofertadas por la conselleria. Vamos, que ahora tiene más plazas que antes».
Es más, desde la patronal Aerte estiman que el 75% de las plazas adjudicadas «están ahora en manos de las empresas que participaron en el denominado modelo Cotino».
