La Generalitat no está a solas en su impulso a la estructura comarcal, ya sea con mayor o menor brío, según el empuje venga de un partido u otro de los socios de gobierno. La Diputación de València, dirigida también por una coalición de izquierdas, tiene en sus manos el diseño de un proyecto de comarcalización de sus actuales recursos de atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Puede contemplarse como el germen de una futura red administrativa comarcal si llega el momento, algún día, de enterrar las provincias y las correspondientes diputaciones.
Eso es futuro. Lo tangible ahora es el plan desarrollado en presidencia de la corporación provincial, ocupada desde 2015 por Jorge Rodríguez (PSPV), para aprovechar la red existente de Gestión Tributaria y convertirla en oficinas comarcales que aglutinen todos los servicios de la diputación: registro general, asesoramiento municipal, empresas públicas (Egevasa, Divalterra y Girsa) y técnicos como arquitectos e ingenieros.
Precisamente, el conflicto con la Tesorería de la Seguridad Social por este colectivo (el organismo estatal ha interpuesto denuncias porque considera que estos profesionales son «falsos autónomos» y han de tributar por el régimen general) es uno de los factores que ha impulsado el proyecto. Estos técnicos, que prestan servicios de manera no continuada en los municipios pequeños, pasarían a depender de la corporación. Se estudian ahora las posibilidades legales para este paso.
Nuevas oficinas
El plan, al que ha tenido acceso Levante-EMV, contempla que las primeras dependencias comarcales se implanten en Llíria, Sagunt, Xàtiva y Gandia. Técnicos de la diputación ya han visitado los locales y está en marcha el diseño de las nuevas oficinas. Lo más común es que la corporación tenga que desprenderse de los inmuebles actuales de Gestión Tributaria (arrendados) y alquilar unos de mayores dimensiones. La previsión es que la descentralización sea realidad en 2019.
El proyecto entronca con la teoría de Jorge Rodríguez de que la diputación cuenta con una desproporción de recursos en la ciudad de València (especialmente, en el apartado cultural). Los técnicos han observado iniciativas similares desarrolladas en Cataluña y Andalucía para utilizarlas como referencia.
El plan de la Diputación de València se restringe, de momento, a los entes locales menores de 5.000 habitantes, porque «no queremos interferir en las competencias de otras administraciones, sino integrar servicios en un mismo espacio», explicó a este diario un portavoz de la institución provincial.
La «revolución» se puede considerar el proyecto estrella de la gestión del también alcalde de Ontinyent al frente de la diputación, el que deje una huella para el futuro. Especialmente porque, si los planes de la Generalitat hacia la comarcalización prosperan, se encontrará ya con una red administrativa de recursos, locales y funcionarios que podrían ser asimilados llegado el momento. Pero eso, la desaparición de las actuales diputaciones, decíamos, es un futuro que aún se ve muy lejos.
