La titular del Juzgado de Instrucción 21 de València, que se encarga del llamado caso Cooperación, ha desestimando los recursos de reforma interpuestos contra el auto por el que procesó al exconseller de Solidaridad popular Rafael Blasco y a otras 20 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a distintas a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.
La jueza señala que hay indicios para juzgar a los investigados por prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. Los encausados presentaron también recurso de apelación, que deberá resolverlo la Audiencia Provincial.
En concreto, el auto de la jueza Nieves Molina desestima los recursos presentados por seis personas, entre ellas el empresario Augusto Tauroni y su mujer. Respecto a estas alegaciones, la jueza sostiene que «del texto de ambos recursos no se aprecian motivos para la reforma de la resolución impugnada, que va a ser mantenida por sus propios fundamentos». Añade la jueza que, «sin perjuicio de la presunción de inocencia, en principio los hechos investigados pueden ser constitutivos de delito».
