El decreto-ley aprobado por el Consell traslada a Madrid la continuidad de la batalla judicial abierta a cuenta del nuevo modelo plurilingüe. Solo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o la suma de 50 diputados en el Congreso o en el Senado pueden impugnar la norma a través de un recurso de inconstitucionalidad. A la espera de que el texto se publique de manera oficial, el Ejecutivo Central guarda cautela, pero, en cualquier caso, la posibilidad de recurrir el decreto-ley está encima de la mesa y, según indican fuentes de la Delegación de Gobierno, se examinará una vez se conozca detalladamente su contenido. En marzo, el Ministerio de Educación ya amenazó con llevar a los tribunales al Consell.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aprovechó su intervención de ayer en la clausura de la Interparlamentaria en Alboraia para manifestar ante Mariano Rajoy que los populares valencianos «no van a dejar de defender la libertad de los padres a la hora de decidir el tipo de educación y la lengua que quieren para sus hijos». «Vamos a usar todos los instrumentos legales para que la Justicia sea respetada. Ninguna artimaña legal nos va a parar», advirtió. A juicio de Bonig, el decreto ley de plurilingüismo aprobado este viernes «pretende burlar» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV) que había paralizado cautelarmente el anterior porque «vulneraba derechos fundamentales, no respetaba la igualdad y era nulo».

Por otro lado, diversas asociaciones contrarias al modelo de plurilingüismo han acusado al Consell de «tomar el pelo» a los padres y al TSJ, ya que consideran que el nuevo decreto-ley «incumple» lo señalado por el alto tribunal: «lo único que diferencia a una y otra norma es la nomenclatura y el número de niveles», mantienen. Las plataformas No al Decretazo Sí a la Elección, Crevillent por la Libertad Lingüística, Igualdad Lingüística Calpe, Asociación por la Defensa del Castellano C.V., así como las AMPA Vega Baja y Torrevieja, ven la última resolución como «un órdago lanzado por el tripartito al Estado de Derecho» que «debe obtener una respuesta de los grupos políticos y del Gobierno central», los únicos con potestad para elevarlo al Tribunal Constitucional».