El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV), el jefe de gabinete de alcaldía, Lalo Díez, y el asesor del área de Comercio, Pedro de Gea, han sido citados como investigados (término que sustituye a la figura del imputado) ante la juez para dar cuenta del presunto fraccionamiento de contratos de la concejalía de Comercio del consistorio alicantino. Una situación procesal que pone contra las cuerdas al socialista, al que tanto PP como Podemos pidieron ayer su dimisión, mientras Compromís, socio de gobierno, está estudiando también la petición. Guanyar Alacant (marca blanca de EU), también en el ejecutivo municipal, deja la decisión a sus órganos políticos.

Los tres procesados deberán comparecer el próximo viernes ante el juzgado, junto con otros tres testigos más que han sido citados para el mismo día: el interventor municipal Francisco Guardiola, el técnico Diego Agulló y el portavoz del gobierno local, Natxo Bellido (Compromís), que declararán antes de los investigados.

La magistrada María Luisa Carrascosa tomo ayer declaración a los representantes municipales del PP y Ciudadanos que presentaron la denuncia, Luis Barcala y Yaneth Giraldo. En la comparecencia estuvo también la Fiscalía Anticorrupción, que ha remitido la investigación que tenía abierta al juzgado para que continúen allí las pesquisas. Los dos representantes municipales se ratificaron en los términos de la denuncia. Mientras que el PP ya se ha personado como acusación particular, Ciudadanos deja la actuación penal en manos del fiscal.

Los hechos por los que el alcalde socialista de Alicante tendrá que acudir a declarar como imputado arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 €.

Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el ayuntamiento había actuado correctamente. La denuncia de Cs va más allá de la interpuesta por el PP, porque además pone sobre la mesa presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad documental.