Alrededor de un centenar de ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana, representados por sus alcaldes o concejales de Educación, asistieron ayer a la presentación en el Palau de la Generalitat de Edificant, el nuevo instrumento de colaboración entre la Generalitat y los consistorios para acelerar la construcción de centros docentes. El plan, ya avanzado por el jefe del Consell en el Debate de política general de los pasados 13 y 14 de septiembre, tendrá forma de un decreto ley que aprobará el pleno del Consell este próximo viernes.
Las líneas básicas de Edificant son tres: una inversión de 700 millones de aquí a 2019 que el Consell transferirá a los consistorios para reactivar la construcción de colegios e institutos públicos; los ayuntamientos serán los encargados de adjudicar las obras y vigilar que no haya sobrecostes, porque de lo contrario deberán asumirlos; y el objetivo de edificar 200 centros y reformar otros 500 al multiplicar las Administraciones licitadoras de obra pública.
El president Ximo Puig subraya que mediante esta «alianza profunda entre Generalitat y ayuntamientos se podrá conseguir antes lo que solos tardaríamos en lograr». Según el jefe del Consell «la mitad de los 1.300 colegios e institutos públicos de la Comunitat necesitan actuaciones, bien de nueva construcción o de reforma o ampliación». Con Edificant se va a «avanzar a velocidad de crucero» en la construcción de centros educativos, algo que «es urgente», dice Puig.
«Ser más eficaces»
El conseller de Educación, Vicent Marzà, explicó a los representantes municipales que Edificant es un «instrumento para ser más eficientes entre todos, sumando manos a la construcción de colegios». «La Generalitat no está delegando funciones, pues la conselleria continuará construyendo colegios e institutos», insistió. «El objetivo -añadió- es sumar esfuerzos para hacer más centros y más rápido», insiste.
Los ayuntamientos que quieran participar en Edificant para avanzar sus colegios deberán enviar sus propuestas de infraestructuras a la conselleria. Si éstas coinciden con los listados de obras prioritarias de los tres listados del Consell tendrán preferencia absoluta.
Estas tres listas presentadas a principios de 2016 por la Generalitat están integradas por los 24 colegios integramente en barracones; los 116 centros con más de la mitad de sus aulas en módulos prefabricados y el centenar de centros de nueva construcción reclamados por los ayuntamientos por necesidades de escolarización o que deben ser demolidos para edificarlos de nuevo debido a su antigüedad.
La gran mayoría de alcaldes presentes eran de PSPV y Compromís, como Gabriel Echávarri (Alicante), Jesús Ros (Torrent), el presidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, José Chulvi (Xàbia), Quico Fernández Carrasco (Sagunt), Tania Baños (la Vall d'Uixó), Mercedes Galí (Almassora), Jaume Albero (Sant Joan de Alacant), Josep Riera (Meliana) y Lola Sánchez (Puçol). Esta última ya ha anunciado que se suma al plan. La Diputación de València también respalda Edificant y ofrecerá apoyo técnico a los ayuntamientos.
Aunque mucho menos visible también había presencia de alcaldes del PP, como José Miguel Espinosa (Casinos) o Estela Daroca (Navarrés), y de Ciudadanos, como Antonio Bernabeu (Castalla). Daroca preguntó qué tipo de obras incluye Edificant. «No sólo la construcción de centros nuevos -explicó Marzà-, sino también su reforma, adecuación y ampliación». «Los consistorios gestionarán las obras pero la responsabilidad económica siempre recaerá en la conselleria», añadió el conseller. La alcaldesa de Navarrés respondió que planes como este «hacen falta».
Educación facilitará a los ayuntamientos los proyectos de obras que tenga redactados y actualizados. De hecho, Marzà avanza que ya han diseñado proyectos de ejecución de colegios modelo (de una línea, dos o tres) para «replicarlos por todo el territorio y que sólo tengan que adaptarlos a las parcelas».
La conselleria transferirá a los ayuntamientos el dinero necesario para adjudicar la construcción, que incluirá también la contratación de la dirección de la obra, así como la licitación de asesorías externas en el caso de que se trate de un centro que parte de cero al carecer de proyecto básico o de ejecución. «Que el consistorio carezca de personal técnico no va a ser un problema», asegura el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.
De hecho, la conselleria ha tenido que redactar de nuevo la mayoría de proyectos básicos y de ejecución de Ciegsa, que datan de 2010, para adaptarlos a la nueva normativa. Si no dispone de técnicos para redactar los proyectos los saca a concurso público, algo que también podrán hacer los ayuntamientos que lo precisen.
Coto a los sobrecostes
Las bajas que se puedan producir en la adjudicación se reservaran para hacer frente a posibles modificados. No obstante, la dirección de las obras y los técnicos municipales con asesoramiento de la conselleria velaran para que no se disparen los sobrecostes, ya que todo lo que supere la cantidad inicial aportada por la conselleria lo deberán aportar los ayuntamientos. En caso contrario, si la obra se termina por la cantidad adjudicada, el excedente lo tendrán a su disposición los ayuntamientos para invertirlo en la mejora del centro.
