Alfonso Grau Alonso fue durante veinte años uno de los hombres más poderosos del Cap i Casal. Cirujano de profesión, en 1995 pasó de los quirófanos del Hospital General a la sala de máquinas del Ayuntamiento de València donde Rita Barberá comenzaba a coleccionar bolsos de lujo y mayorías absolutas. A partir de ese año, Grau comenzó a dirigir con mano de hierro las concejalías de Fiestas, Hacienda, Presupuestos y Grandes Proyectos. Hasta alcanzar el clímax en 2011, cuando fue nombrado «vicealcalde de València» por la «alcaldesa de España», como llegó a bautizar Mariano Rajoy a Barberá. Aunque cuanto más alto se sube, más aparatosa es la caída. Tras veinte años en la cima, Grau vive desde 2015 una particular travesía en el desierto al verse poliimputado en tres causas judiciales. Por ahora, sólo ha salido indemne de la que lo apartó de la política en marzo de 2015, por obra y gracia de las líneas rojas contra la corrupción marcadas por Alberto Fabra. Aunque debe afrontar otras dos causas judiciales en las que no ejerce de actor secundario, como en Nóos, sino que es el elemento nuclear de las investigaciones.
Compañero de banquillo de la infanta y el cuñado del rey
Alfonso Grau logró ser absuelto en el caso que lo descabalgó de la cima de la política municipal. Se vio implicado en el caso Nóos por los pagos de la Fundación Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB) que él presidía al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para organizar entre 2004 y 2006 tres ediciones de los foros deportivos «Valencia Summit». TVCB y la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) pagaron 3,6 millones al chiringuito creado por el yerno del rey emérito para poner a València en el mapa de los eventos deportivos, como aperitivo de la Copa del América y las carreras de la F1.
Al exvicealcalde de València sólo lo acusaba el PSPV-PSOE de los delitos de malversación en concurso medial con prevaricación, además de fraude a la administración por lo que se enfrentaba a 11 años de cárcel. Pero las magistradas de la sección primera de la Audiencia de Palma decidieron absolverlo, al igual que a los otros 4 valencianos implicados en la causa, por la ambigüedad de la ley de contratos del sector público vigente en 2004 sobre las empresas y fundaciones con financiación pública.
La contratación de Urdangarin sería ilegal con las leyes actuales, admitían las magistradas. Aunque la clave para la absolución de los investigados valencianos fue que tanto TVCB como Cacsa podían no acogerse a la ley de contratos del sector público para contratar a las empresas de Urdangarin porque la reforma de la ley de contratos que las obligaba a actuar como «sector público» no entró en vigor hasta «el 1 de enero de 2007».
Los cinco valencianos absueltos en el caso Nóos hicieron gala de su fidelidad hacia sus superiores y nunca admitieron haber recibido órdenes «de arriba» para evitar que la parte valenciana del caso Nóos se juzgara en los tribunales de la «terreta». La Fiscalía Anticorrupción sólo recurrió la absolución de los cuatro representantes de Cacsa absueltos por lo que Grau pudo pasar página.
La perdición de los políticos: la pasión por los relojes caros
Un año antes de ser absuelto en el caso Nóos, el 22 de febrero de 2016, el grupo de delitos económicos de la Guardia Civil de València detuvo al exvicealcalde en su domicilio de Mislata. Tras ser arrestado, Grau asistió, en presencia de un Fiscal Anticorrupción, al registro durante cinco horas de la vivienda que posee en el exclusivo entorno de la Plaza Porta de la Mar, a caballo entre los barrios de la Xerea y Pla del Remei.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha dado por finalizada año y medio después la investigación por cohecho y blanqueo de capitales contra el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, por lo que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 19 que lo procese junto al empresario del sector del transporte que, supuestamente, le regaló dos relojes. La llamada «Operación Clepsidra» (en homenaje a los relojes de agua perfeccionados por Galileo Galilei) tuvo su origen en una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria a la joyería Rabat de València que generó en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil concluyeron que Grau recibió del empresario investigado dos relojes, presuntamente pagados por éste: un Breguet Classique, valorado en 13.000 euros, y otro por valor de casi 12.000 euros. El primero lo habría devuelto para adquirir un Lange & Söhne de oro valorado en 25.680 euros, para lo cual entregó en efectivo cerca de 9.000 euros, mientras que el segundo lo canjeó por un Vacheron Patrimony con un precio de 16.825 euros, por lo que completó la compra con 3.000 euros en metálico. El presunto blanqueo de Grau rondaría los 12.000 euros, cuyo origen no ha podido ser establecido.
El presunto dopaje de las campañas electorales de Barberá
La dimisión de Grau en 2015 pareció salvarlo de la investigación por pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) que ha arrastrado a medio centenar de ediles, exconcejales y asesores del PP de València en el caso Taula. Entre ellos la mujer de Grau, María José Alcón, a quien la Guardia Civil grabó admitiendo el blanqueo, que también reconoció al juez y el Fiscal Anticorrupción, aunque después se desdijo en su última declaración como testigo en la causa del TSJCV contra el aforado Miquel Domínguez (archivada provisionalmente).
Aunque Grau mutó de testigo a imputado en esta pieza del caso Taula cuando la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen Carmen García-Fuster, identificó a Grau como «el máximo responsable de la campaña electoral» de 2011, receptor de las donaciones anónimas admitidas por el PP y cotitular de las cuentas bancarias investigadas, por lo que fue oficialmente imputado en septiembre de 2016 por un presunto delito electoral cometido en 2011.
Sus problemas se acrecentaron cuando ese otoño, su asesor en el Ayuntamiento de València durante años, Jesús Gordillo, decidió entregar a la Fiscalía la documentación custodiada por él que probaba el presunto dopaje electoral con el que concurrió el PP de Rita Barberá a las elecciones de 2007. Los populares habrían supuestamente saqueado las arcas públicas del Ayuntamiento de València para conseguir dinero en «B» con el que pagar una campaña electoral en la que se gastaron más de dos millones de euros, cuando sólo declararon haber invertido 150.000 euros. Gordillo también declaró ante el juez y el Fiscal Anticorrupción que Grau le entregó 350.000 euros en billetes de 500 euros para que abonara las deudas que seguían pendientes en 2008. Por ello, el exvicealcalde ha sumado, desde septiembre de 2017, al delito electoral la acusación de malversación de fondos públicos y cohecho por las donaciones que recibía de una docena de contratistas del Ayuntamiento de València e inmobiliarias afines.
