El millar de enmiendas presentadas por el grupo popular al presupuesto de la Generalitat de 2018 son una caja de sorpresas. En su afán de atar en corto las cuentas públicas, los populares quieren modificar el articulado de la ley para que haya un tope para los créditos destinados a ayuda humanitaria o al acceso a la vivienda.

Así consta en dos de las propuestas que comenzarán a debatirse mañana en las Corts y que han causado sorpresa en el Ejecutivo valenciano.

Ambas enmiendas pretenden modificar el artículo 22, aquel que regula los casos en los que se permiten ampliaciones de crédito de las cuentas públicas y que suponen una excepción a la regla general que busca un cerrojo al gasto.

El citado artículo recoge toda una serie de supuestos relacionados con gastos de personal (cuotas de Seguridad Social, trienios, mejora salarial, pensiones, etc) así como otros de tipo humanitario o que afectan a colectivos vulnerables. Así, por ejemplo, el Consell puede ampliar créditos para satisfacer el derecho a indemnización en los casos de violencia de género.

Además, la ley presentada en las Corts permite la ampliación de créditos para sufragar acciones solidarias de ayuda humanitaria y de emergencia «que se puedan producir durante el ejercicio de 2018 en cualquier parte del mundo derivado de catástrofes naturales o producidas por la acción humana».

También el incremento del gasto se permite en los casos de los créditos destinados a cofinanciar o complementar el Plan Estatal de Vivienda, al igual que aquellos crédito destinados a financiar el Plan de Fomento de la Calidad de la Vivienda recogidos en la correspondiente en línea de subvención dotada con 5, 5 millones de euros.

El PP, sin embargo, no comparte que estas partidas estén sujetas a modificación al alza y pide su supresión del articulado de la ley. Fuentes del departamento de Hacienda mostraron su extrañeza por estas enmiendas y recordaron el hecho de que fue precisamente la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien en su calidad de consellera de Infraestructuras impulsó las ayudas a la vivienda fruto de los convenios con el ministerio.

En la etapa popular, muchas personas solicitantes se quedaron sin percibir subvenciones ya que la ayuda estaba condicionada a la existencia de crédito a pesar de reunir las condiciones. En su momento, el actual Consell denunció que el anterior Ejecutivo dejó en un cajón al menos 16 millones de euros transferidas por el Ministerio de Fomento.

Pero los límites en el gasto que los populares pretenden imponer al Consell van más allá de estas dos cuestiones ya que también solicitan también la supresión de un apartado mucho más amplio.

Se trata del que, con autorización del Consell, se permite el encaje en los presupuestos de 2018, aquellas operaciones pendientes de aplicar al presupuesto provenientes del año anterior, las conocidas como facturas en el cajón legal y que en su mayoría son de índole sanitario.