Colgar la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento no es ilegal pero hacerlo significa usar la casa del pueblo para fines políticos concretos. Lo acaba de decir el juez del contencioso-administrativo número 10 de València, que ha condenado al gobierno de Barxeta a pagar 500 euros en concepto de costas del proceso.
Es la respuesta al recurso que presentó la Delegación del Gobierno que dirige Juan Carlos Moragues el pasado mes de abril, al considerar que este y otros nueve consistorios contravenían la legislación por enarbolar enseñas que no están en vigor en un edificio público. Esta es una práctica habitual en municipios gobernados por partidos de izquierdas cada 14 de abril con motivo del aniversario de la proclamación de la Segunda República.
En realidad, la sentencia no da la razón a la Delegación del gobierno, ya que, según el juez, esa actuación no supone «una específica vulneración de la normativa de banderas», que era lo que alegaba Moragues, debido a que no se sustituyó la bandera oficial de España por la de la II República, con la franja morada. La normativa que regula el uso de este símbolo no prohíbe nada relativo a otras banderas no oficiales ni representativas de la institución.
No obstante, el juez da un tirón de orejas al gobierno de Barxeta, presidido por Vicent Mahiques, de EUPV, porque considera que «no puede servirse de las potestades que la autonomía municipal le confiere para fines políticos distintos de lo previsto legalmente», que es lo mismo que decir que se ha utilizado el principal edificio municipal, que por tanto representa a todas las sensibilidades que existen en la localidad, para expresar una ideología política de un signo concreto.
Por ello, la sentencia acusa al gobierno de Barxeta de «apropiarse» de la institución «para fines políticos, contrarios al principio de objetividad, neutralidad y respeto al conjunto de ciudadanos del municipio (y no solo a sus votantes)», por lo que su actuación es contraria a derecho.
Nueve municipios denunciados
Para defenderse, el ejecutivo barxetero equiparó la bandera republicana con la del colectivo LGTBI que se colgó durante una semana en el Congreso de los Diputados. En este sentido, el magistrado considera que se trata de símbolos distintos ya que la multicolor no es un símbolo propio de una institución o una formación política, sino de un movimiento social, «cuyo su objeto es una reivindicación de respeto y equiparación total, y que es perfectamente lícita».
Esta decisión judicial puede suponer un aviso a navegantes para otras localidades valencianas que también colgaron la bandera republicana en sus balcones el pasado mes de abril y que también fueron denunciadas por parte de la Delegación del Gobierno. Se trata de Sagunt, Silla, Paiporta, Xeraco, Buñol, Benifaió, Tavernes de la Valldigna y Algemesí. Moragues ya advirtió en 2016 que actuaría contra aquellos ayuntamientos que usaran la enseña y este año lo cumplió.
