El estigma del robo de la luz y los enganches ilegales al suministro protagonizado por familias en riesgo de exclusión social se da de bruces con la realidad de las estadísticas. El 96,8% de la energía defraudada detectada por Iberdrola en España durante 2017 se dio principalmente en el sector residencial de gran consumo, en el sector servicios y en el sector industrial.
Únicamente el 1,2% de la energía defraudada se ha localizado en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad. De hecho, ha retrocedido el peso de este perfil en el último año en el fraude eléctrico, ya que en 2016 representaban el 1,4% del total.
Así se desprende del balance realizado por la compañía eléctrica. Eso sí, se está elevando la presión «como consecuencia del más que notable aumento de los caso de defraudación de fluido eléctrico», señala la compañía.
Concretamente, durante el pasado ejercicio la firma de distribución eléctrica realizó en la Comunitat Valenciana 110.103 inspecciones. En ellas, se abrieron 22.861 expedientes de fraude, a razón de casi 63 casos de robo de luz al día. Es un 6,1% más que el año 2016, pese a que entonces se realizaron más inspecciones.
«El fraude eléctrico en España preocupa no sólo a las compañías distribuidoras sino también a las Administraciones Públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores, un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y repercute de forma significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura», señalan desde la empresa que preside Ignacio Galán. El fraude de unos, lo pagan todos los consumidores. La energía consumida y no facturada se considera «pérdida del sistema».
Puede constituir un delito
Por provincias, en Alicante se registraron durante el pasado año 8.189 expedientes de fraude, casi 2.250 más que el año anterior.
En la provincia de Valencia, en el año 2017 se abrieron 11.615 expedientes de fraude en las 59.753 inspecciones que se realizaron. Un porcentaje similar al de un año antes, cuando se levantaron 13.643 expedientes tras realizar 69.587 inspecciones.
Finalmente, la provincia de Castelló también registró un incremento considerable de enganches ilegales o manipulación de contadores respecto al año previo. La compañía Iberdrola detectó en las comarcas del norte de la Comunitat Valenciana más de tres mil casos de fraude, frente a los 1.962 de un año antes.
Este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida puede constituir un delito. En los últimos años, en un contexto de crisis económica, se han disparado este tipo de situaciones, llegando muchas de ellas a los juzgados.
