La UTE Torrevieja Salud, que pertenece al Grupo Ribera Salud y que gestiona este hospital alicantino, ha presentado un recurso de lo contencioso-administrativo contra el acuerdo del pasado 6 de octubre de 2017 suscrito entre la Conselleria de Sanitat y la Fundación IVO, para la acción concertada de la prestación social oncológica.

Este recurso se tramita en la Secció 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana donde se ha recibido ya el expediente administrativo porque la propia Conselleria de Sanitat se ha encargado de enviarlo al Alto Tribunal tal como establece el procedimiento judicial de lo contencioso-administrativo.

Asimismo se ha publicado en el DOGV una resolución del subsecretari autonòmic de Sanitat Ricardo Campos y se ha remitido la misma a todas las personas y entidades que pudieran estar afectadas por el citado recurso. Quienes opten por personarse en la futura causa podrán hacerlo como mejor les convenga según la ley, en calidad de demandadas y con la asistencia de letrado.

El Grupo Ribera Salud entiende que la prestación social oncológica se debería haber sacado a concurso de modo que las entidades con ánimo de lucro -como es el caso de esta compañía- sí hubieran podido optar al contrato. Sin embargo, la fórmula elegida por el departamento liderado por Carmen Montón fue la del decreto de acción concertada lo que sólo permite a las entidades sin ánimo de lucro llevar a cabo el servicio.

El 6 de octubre se firmó el contrato de acción concertada entre la Fundación IVO y la Conselleria de Sanitat por el que el primer organismo asumía el tratamiento de cerca de 30.000 pacientes anuales por un presupuesto de 53,7 millones de euros. El contrato tiene una duración de tres años y se puede prorrogar anualmente hasta los 10.

Cabe recordar que la Alianza de la Sanidad Privada, ASPE, la entidad que agrupa a las principales empresas del sector, llevó en noviembre ante los tribunales este concurso.

Por su parte, la propia Ribera Salud recurrió el decreto de acción concertada publicado en marzo del año pasado y además elevó otra denuncia ante la Conselleria de Transparencia tras esgrimir sendos informes de la Abogacía y la Intervención de la Generalitat sobre la contratación del IVO que pusieron de relieve «importantes defectos en la convocatoria de esta acción concertada».