Arturo Torró, exalcalde del PP de Gandia, y un abogado de su confianza disponían desde hace años de la documentación revelada ayer sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc. Además, Torró amenazó reiteradamente a dirigentes gandienses de ambos partidos con sacarla a la luz y entregarla a la policía o al juez si no accedían a sus peticiones.

Las pretensiones del dirigente del PP fueron, primero, exigir que se echara a la alcaldesa socialista de Gandia, Diana Morant, quien en junio de 2015 alcanzó el cargo con el apoyo de Compromís y Ciudadanos. Al no lograrlo, optó por un plan B, exigir al PSPV de Gandia que retirara las querellas presentadas contra él por su gestión municipal durante el mandato del PP, entre 2011 y 2015.

Torró está investigado en cuatro causas penales. Una por conceder ayudas a la emisora local Tele7 Safor, otra por transferencias de dinero del ayuntamiento a la empresa municipal IPG, una tercera por la compra de unas boleras ruinosas en la playa y la cuarta por el llamado caso Púnica.

Un dirigente del PSPV de Gandia asegura que apenas tres semanas después de que Diana Morant fuera investida le llamaron a un despacho con varios abogados y le mostraron «un maletín». Le dijeron que era documentación de la empresa Crespo Gomar SL que acreditaba la financiación ilegal de los socialistas y del Bloc. Los letrados, que durante un tiempo llevaron causas para Arturo Torró y que también trabajaron para el ayuntamiento durante su etapa como alcalde, le comunicaron que guardarían esos papeles si la alcaldesa socialista cesaba y permitía la vuelta de Torró. Otras fuentes socialistas corrobaron ayer lo que consideraron una coacción. Igual ocurrió con un dirigente del Bloc de Gandia, que ayer contó un episodio similar, pero en este caso siendo el propio Torró quien transmitía la propuesta.

Ni socialistas ni nacionalistas cedieron en lo que ayer definieron como un chantaje, pero poco después, a medida que el exalcalde del PP iba sumando causas judiciales por su gestión en el ayuntamiento, cambió el discurso y entonces usó la documentación de la presunta financiación ilegal para exigir a los socialistas, que ejercen la acusación en la mayoría de los procedimientos judiciales, que se apartaran de esas causas. La propuesta era lograr una «paz judicial» a cambio de olvidarse de los papeles que ahora se investigan.

La demostración de que ni socialistas ni nacionalistas cedieron a las pretensiones del exalcalde está en que hace poco han presentado una demanda de responsabilidad social por la gestión de Torró y otros dirigentes del PP en la empresa IPG, desde donde, entre otros aspectos, se gestionó la compra de las boleras de la playa y se dieron las ayudas a Tele7 Safor.

Torró niega la mayor

Ayer, al ser preguntado por este periódico, Arturo Torró negó la mayor. «Me he enterado a las ocho de la mañana por un periódico».

El exalcalde aseguró que conocía desde 2016 la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc Nacionalista con la participación de Crespo Gomar SL, pero señaló que no ha participado ni en la recopilación de la documentación supuestamente incriminatoria ni en la difusión de la misma.