17 de abril de 2018
17.04.2018
Agencia contra la corrupción

Ocho funcionarios piden en tres meses la protección de la agencia antifraude

Llinares comparece en las Corts y denuncia que hay administraciones, sin citarlas, que no colaboran

17.04.2018 | 20:51
Ocho funcionarios piden en tres meses la protección de la agencia antifraude

La Agencia contra el fraude en la Comunitat Valenciana aún no ha abierto ningún proceso sancionador a administraciones públicas en sus primeros meses de funcionamiento, ni ha puesto expediente alguno en manos de la fiscalía o instancias judiciales. Pero sí ha activado ya en al menos nueve ocasiones el estatuto de protección de denunciantes. Ocho en apenas tres meses de 2018 y uno más en 2017. La mayoría de las personas que han recibido el estatuto de protegidos por la Agencia Antifraude, cuya identidad es confidencial, son funcionarios del ámbito local.

El director de la agencia Antifraude, Joan Llinares, ha asegurado esta mañana en su comparecencia en las Corts que en los primeros meses en el cargo se ha encontrado "sorpresas y actitudes no muy positivas" en algunas administraciones valencianas que le ponen palos en las ruedas y ha avanzado que cuando realice la memoria de 2018 pondrá ya los nombres de esas instituciones que le ponen problemas. Hay administraciones que no comprenden la importancia de proteger a quien denuncia, ha asegurado el director.

La Agencia Antifraude recibió un total de 35 denuncias en 2017, la mayoría de ellas (el 40 por ciento) por cuestiones relacionadas con la contratación. Además, entre ese año y 2018 ha recibido nueve peticiones de funcionarios de administraciones de la Comunitat para acogerse al estatuto que protege a los denunciantes de posibles casos de corrupción, una en 2017 y las otras ocho en lo que llevamos de año.


Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha relatado todos los pasos que ha dado este organismo para su puesta en marcha.

En su intervención, ha detallado que en 2017 tuvo que aprobar una resolución de protección a un secretario interventor de un ayuntamiento de la provincia de Alicante que había denunciado un caso por presuntas conductas delictivas en el ámbito del funcionariado que los tribunales estaban investigando.

El funcionario pidió acogerse al estatuto del denunciante, mecanismo que prevé esta agencia para proteger a quienes informan o denuncian posibles casos de corrupción, y el consistorio entendió que la agencia vulneraba "el principio de autonomía", por lo que le dio 15 días para anular el acuerdo. "Mantuvimos la resolución e iniciamos un contencioso. Será interesante ver cuál es la posición de los tribunales", ha puntualizado.

En cuanto a la actividad de la Agencia Antifraude en 2017, ha explicado que no se aprobó ningún expediente sancionador y recibió 35 denuncias, de las cuales 24 afectan a administraciones locales (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.

Por materias, el 40% están relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57 con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones.

Respecto al denunciante, siete denuncias fueron puestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); 8 por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. El canal que más se utilizó fue el correo electrónico ya que 24 de las 35 denuncias llegaron por esta vía, mientras que cinco lo hicieron por el registro de la agencia y seis de forma presencial.

Llinares ha explicado que pese a que la agencia arrancó el 30 de junio del pasado año, cuando él tomó posesión de su cargo, no fue hasta finales de año cuando pudo comenzar a desempeñar su labor debido a la falta de personal y la necesidad de recursos. De este modo, los primeros meses los dedicó a "dotar de los elementos básicos a la agencia" como fue darla de alta en Seguridad Social y en los registros oficiales, así como buscar una sede.

Así, ha relatado que la entrada de los primeros dos funcionarios no se produjo hasta el 15 de octubre, aunque a principios de noviembre ya eran siete las personas que trabajan en la agencia y que asumían la gestión administrativa y económica financiera.

Respecto a la sede, ha considerado que su ubicación, actualmente se encuentra en un local de alquiler en la calle Navellos, debería de ser un espacio público y, a su juicio, la mejor opción serían los locales "decomisados a la trama de Cooperación" que están en la avenida Ausiàs March.

"El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro. 2017 hemos hecho lo que hemos podido hacer. En 2017, hemos hecho lo que hemos podido", ha admitido para señalar que de los 1,5 millones que había presupuestados solo se ha ejecutado el 10% y el resto ha vuelto a las arcas de la administración pública valenciana.

Pese a los problemas iniciales, Llinares ha destacado que actualmente son 16 funcionarios y reciben una media de 12 denuncias mensuales, por lo que ha manifestado que "lo ideal" sería "llegar a verano con la agencia a pleno rendimiento" para poder empezar a recibir casos de oficio porque hasta ahora no ha sido posible por la limitación de recursos.


Llinares ha explicado que en 2017 se produjeron 35 denuncias y todas pasaron la criba de verosimilitud. La mayoría de las denuncias afectan a repartos de subvenciones posiblemente irregulares y a la obra pública. Un 45% de los denunciantes es personal eventual de la Administración, un 22% particulares, un 20 funcionarios y el 5% anónimos.

Llinares también ha reclamado en su comparecencia a los grupos políticos un pacto social para que la corrupción nunca vuelva a la Comunitat. Ha asegurado que los partidos tienen que olvidarse del "y tú más" y poner punto y final al uso de la corrupción como arma política, para ser vanguardia de códigos y conductas éticas.

También ha denunciado que la Administración del Estado ha puesto pegas a funcionarios que querían sumarse a la plantilla de la agencia que buscaba diferentes perfiles funcionariales provenientes de otras tantas administraciones, de la Intervención, la inspección o la universidad ya que todo ello contribuye a constituir una entidad mucho más rica. Llinares ha puesto sobre la mesa que la agencia debería tener el estatus del Sindic de Comptes o el de Greuges, aunque ello requiere cambiar el Estatut d'Autonomia.

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