El informe de la Inspección General de Servicios sobre los procesos de contratación en las empresas públicas, publicado el pasado martes por este diario, ha sido el empujón definitivo para que la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler haya optado por dar un puñetazo encima de la mesa. La conselleria prepara ya una nueva orden, similar a la acordada hace un mes con los sindicatos para el acceso a puestos fijos del sector público, pero en este caso centrada en los procesos selectivos para contratar temporales. Justo lo que le pide la Inspección.
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Fuentes de este departamento indicaron que se dictarán normas comunes para que todas las empresas sigan el mismo criterio a la hora de constituir las bolsas de trabajo para la contratación de temporales. La idea es acabar con la diversidad de criterios y fijar un control que impida irregularidades, una supervisión que según la Inspección de Servicios no existe en la actualidad. La conselleria cree que la experiencia debe tenerse en cuenta, pero previamente, para garantizar el principio de igualdad, es conveniente que haya pruebas objetivas para todos, un proceso similar al que se realiza en el ámbito de la Función Pública.
La constatación del organismo de control interno adscrito a Transparencia de que las irregularidades cometidas en el pasado podrían estar repitiéndose en la era del Botànic ha reforzado a la conselleria (que tiene las competencias del sector público) en una hoja una hoja de ruta plagada de dificultades. Las conselleries se resisten a perder su cuota de poder en los entes y quieren tener manos libres para marcar su política de personal. El encontronazo más sonado, como informó Levante-EMV, fue el protagonizado hace un mes entre la vicepresidenta, Mónica Oltra, y Soler. La conselllera abroncó delante de varias personas a Soler por no haber aceptado su fórmula para la equiparación salarial de la plantilla del Instituto Valenciano de Acción Social (Ivass). Esos días, el sector público también llegó a un acuerdo con los sindicatos (se descolgó Intersindical) para fijar que el concurso oposición sería a partir de ahora la vía para conseguir plaza fija en las empresas o entes. Este acuerdo incluía una bomba lapa para la autonomía de las empresas, ya que dejaba fuera de los tribunales de selección a personal de la empresa pública que convoque la prueba.
Este cordón sanitario, que evita conflicto de intereses, según la inspección, ha soliviantado a algunos sectores. Las presiones han tenido el acuerdo en un cajón, pero Soler ha dado órdenes ya de tramitarlo como decreto ley y ha citado ya a los sindicatos para pactar la orden de bolsa.