Un informe interno, elaborado por la Inspección General de Servicios, desvela que el cambio de Gobierno no ha servido, al menos en sus dos primeros años, para reforzar los controles en la selección y provisión de puestos de trabajo en el sector público de la Generalitat. La entrada en las empresas y órganos públicos sigue sin la vigilancia adecuada, por lo que las irregularidades del pasado pueden haber continuado esta legislatura. La contratación de personal fue durante la etapa de gobierno del PP una de las cuestiones más controvertidas. En palabras de los partidos que hoy gobiernan, esta pata de la administración se convirtió en un auténtico «coladero».
El Consell del Botànic se puso como objetivo poner orden en este entramado de empresas, entes y fundaciones y desde la Conselleria de Hacienda (que tiene adscritas las competencias del Sector Público) se lleva tiempo trabajando para regularizar y poner orden en las plantillas. Ahora bien, la Inspección General de Servicios concluye en un informe fechado en diciembre de 2017 que los mecanismos de control siguen siendo insuficientes: «Puede afirmarse que no ha existido ni existe en estos momentos ninguna previsión normativa clara sobre el control sobre el que debería de someterse la gestión de personal que realizan los entes del sector público instrumental para garantizar el respecto absoluto de los principios de acceso al empleo público por parte de estos».
El trabajo de este órgano de control interno adscrito a la Conselleria de Transparencia forma parte de plan de actuación 2016-2017 y su objetivo era precisamente analizar el cumplimiento de los principios de acceso al sector público teniendo en cuenta los antecedentes y cómo ha evolucionado la regulación al respecto. También se buscaba llegar a conclusiones sobre la gestión actual de los sistemas de acceso de personal tras la revisión de diversos procesos concretos de selección u otras actuaciones que hubieran dado lugar a la incorporación de nuevos trabajadores.
El resultado es un revés para el Ejecutivo ya que la Inspección no sólo pone pegas al pasado, sino al presente de la gestión. Su punto de partida es que el régimen jurídico aplicable para la selección de personal se ha ido configurando «como una regulación de mínimos no exenta de confusión» repecto a su aplicación en los diferentes entes. Entiende que aunque la ley valenciana de Función Pública deja clara cuales son los principos de acceso al empleo púlbico, «esta previsión legal no resulta suficiente para definir un marco que garantice que determinados errores e irregularidades de gestión no puedan volver a repetirse». El informe apunta como uno de los males el hecho de que cada ente está adscrito a una conselleria concreta y, por tanto, no existe una planificación integral y global del personal. Esta forma de trabajar aislada «puede haber contribuido a la generación de muchos supuestos de acceso irregular».
Por otro lado, apunta que aunque las normas reguladoras sobre la gestión y aprobación de los gastos de personal pueden «transmitir la sensación» de que eixste una surpervisión de los recuross humanos a partir del análisis de la masa salarial o de la relación de puestos de trabajo, «en la práctica esta supervisión no siempre ha sido materialmente efectiva ni suficiente». Y denuncia «la falta de cautela observada en relación con el encadenamiento de contratos temporales por los mismos trabajadores». Esta situación, advierte, ha dado lugar a plantillas que no obedecen a ningún tipo de diagnostico sobre necesadidades reales o futuras.
El informe es especialmente duro sober los mecanismos de control. Parte del hecho de que ha existido un vacío competencial para la supervisión preventiva de los contratos, ya que ningún organismo ha querido delegar esta tarea en el departamento de Función Pública. Cada entidad ha funcionado de forma autónoma y aislada, una situación que se ha alargado bajo el actual Gobierno. La Inspección revela también que no tiene constancia de que por parte de los propios entes se «haya realizado actuación alguna para depurar responsabilidades de aquellas personas que con sus actuaciones hayan generado situaciones contrarias a la norma de aplicación». «Esto ha supuesto que, en algunos casos, el control ejercidido a posteriori se haya revelado como insuficiente al poder haber prescrito muchas inflacciones derivadas», añade.
