La reforma del Estatut valenciano que lleva dando tumbos desde 2011 para incluir una disposición que intente adecuar las inversiones del Estado al peso poblacional de la Comunitat Valenciana durante al menos siete años va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para la Generalitat.
El pasado mes de febrero, el Congreso reactivó la reforma que llevaba paralizada más de año y medio, prácticamente toda la legislatura, con 47 aplazamientos del período de enmiendas.
Pero a falta de un año para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, los plazos empiezan a ajustarse y a complicar muchísimo que pueda celebrarse el referéndum. Fuentes del Consell apuntan que tampoco hay acuerdo entre los juristas sobre si es necesaria o no su celebración, lo que seguramente pesará a la hora de tomar la decisión política.
La ley de referéndum en España impide que la consulta pueda celebrarse el mismo día de las elecciones autonómicas y municipales (26 de mayo de 2019), algo que los distintos representantes políticos habían planteado como la opción más plausible, lo que deja poco margen para su celebración.
Tampoco puede fijarse ni en los 90 días anteriores ni posteriores a la cita con las urnas por lo que se hace necesario buscar una fecha distinta para que los valencianos ratifiquen la reforma del Estatut.
Pero esa fecha tampoco puede eternizarse porque la ley da un plazo obligatorio de seis meses tras la aprobación del cambio por parte de las Cortes Generales. Como será complicado que el Estatut valenciano se apruebe en el Congreso antes del verano (el murciano o el canario han pasado por delante) solo quedaría la segunda mitad del año disponible para una hipotética consulta o los primeros meses de 2019, pero sería ya en plena precampaña de los comicios de 2019, lo que la hace prácticamente imposible.
Ello, unido a que la cuestión apenas parece preocupar a los valencianos y su repercusión en la práctica es mínima porque hay numerosas sentencias que dejan la cláusula de inversiones en papel mojado porque no obliga al Gobierno en la redacción de los presupuestos, dejan un auténtico galimatías al Consell que es quien tiene que convocar la consulta previa autorización del Gobierno.
Ratificación de la reforma
A ello se une que lo previsible es que la consulta tuviera una escasísima participación y que genere un coste para las arcas autonómicas a pocos meses de las elecciones. En principio el Estatut obliga a convocar un referéndum de ratificación de la reforma, aunque hay juristas que plantean que no sería necesario porque así lo permite la ley cuando solo implica ampliación de competencias.
La lectura de la normativa deja dudas porque el Estatut valenciano también recoge que será exigible el requisito de «un referéndum confirmatorio» para las reformas «que se pudieran producir en el futuro». En estas circunstancias ya hay dudas en el Consell sobre si conviene o no celebrar la consulta para que los valencianos ratifiquen una reforma casi sin valor.
