La confesión de los hechos por parte de algunos de los acusados en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano en la trama Gürtel, que quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Nacional en Madrid, ha sido uno de los elemento valorados por la fiscal Myriam Segura para rebajar las penas que solicitaba para ellos.
La mayor bajada ha sido para el presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, a quien sus revelaciones le han supuesto un descenso en la condena solicitada, que pasa de más de 24 años de cárcel a siete años y tres meses. Al igual que a los empresarios que en su día admitieron haber financiado ilegalmente al PP, se le ha aplicado una atenuante de confesión, así como otra de reparación del daño tras la transferencia bancaria que llegó ayer mismo desde Suiza a una cuenta de la Audiencia Nacional para cubrir los gastos por la reponsabilidad civil que se le pide.
La representante del Ministerio Público considera, en cambio, que la atenuante de confesión no es aplicable ni para Álvaro Pérez El Bigotes, ni para Pablo Crespo, ni para quien fuera el secretario general de los populares Ricardo Costa, a pesar de que ellos también admitieron las acusaciones. La fiscal, no obstante, ha tenido en cuenta esa circunstancia para individualizar la pena.
Al único de los políticos del PP en el banquillo al que se le han reducido las penas solicitadas por la Fiscalía es a Costa. Se le pedían siete años y medio de cárcel por tres delitos electorales cometidos en el ámbito de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y otro delito continuado de falsedad documental. La fiscal dejó la pena solicitada en cuatro años y tres meses por estos delitos. Para algunos de sus compañeros de partido, como Vicente Rambla, David Serra o Cristina Ibáñez hubo rebajas de meses en las penas reclamadas tras la corrección de algunos errores en los escritos de acusación presentados, explicaron fuentes cercanas al caso.
Para El Bigotes y para Pablo Crespo también ha habido rebajas en la pena solicitada, aunque en menor grado que a Correa. A Álvaro Pérez se le pedían casi 27 años que se reducen ahora a 16 y medio, mientras que Crespo, de más de 24 años, pasa a quince. No hay rebajas ni para José Ramón Blanco ni Cándido Herrero.
Por otra parte, los nueve empresarios acusados de haber financiado ilegalmente al PPCV a través de las empresas de la trama Gürtel fueron los primeros en mostrarse favorables a cerrar un pacto con la Fiscalía para conseguir reducciones en la condena a cambio de confesar los hechos. Fue el promotor alicantino Enrique Ortiz quien rubricó en febrero de 2017 el pacto. Tras él, se sumó el resto. El acuerdo pasaba por que ninguno de ellos tendría que entrar en prisión y la pena serían multas que en conjunto rondan los dos millones de euros. Todos admitieron haber financiado al PP con dinero negro que sufragaba gastos electorales de las campañas electorales de 2007 y 2008.
