El Juzgado de lo Penal número 11 de València ha absuelto de todos los cargos al antiguo director del centro de acogida de menores «La Foia de Bunyol» que se enfrentaba a una petición de pena de dos años de prisión por un presunto delito de violencia habitual sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encontraban sometidas a su guarda y por cinco delitos de maltrato.
La sentencia argumenta que «las declaraciones inculpatorias de siete testigos no tuvieron la fuerza necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia del acusado».
La jueza señala la ausencia de «corroboraciones periféricas de carácter objetivo» que avalen las manifestaciones de estos testigos, extrabajadores del centro que fueron despedidos antes de denunciar los hechos.
Así, refleja en la sentencia esta enemistad con el acusado derivada del conflicto laboral, que ya apuntaba la defensa. Este «cierto resentimiento» y «la relación personal existente entre los testigos», según la magistrada, desacredita los relatos de estos, en los que los educadores afirmaban haber presenciado cómo golpeaba a alguno de los menores. «Fue a su habitación, se subió encima de él y le golpeó en la cara diciéndole: ´Ahora quién es el maricón´».
Igualmente, respecto a la supuesta reunión en la que se abordó el tema de la violencia con los internos, «no hay constancia alguna documental en las actuaciones», apunta la sentencia. Ni en las actas de las reuniones, ni en las inspecciones de la Fiscalía de Menores o de la Conselleria de Bienestar Social se detectaron malos tratos sobre los menores inmigrantes no acompañados, de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, durante el periodo entre 2008 y 2014 en el que el acusado ocupó el cargo de director.
En tercer lugar la magistrada señala que «tampoco hay persistencia de la incriminación». Así, critica la tardía interposición de la denuncia ante la Fiscalía -año y medio después de la supuesta fecha en que ocurrieron los malos tratos- y «coincidente prácticamente en el tiempo con los despidos».
Los testigos argumentaron en el juicio que no eran funcionarios públicos y que no podían enfrentarse al director porque perderían el trabajo. De hecho, según explicaron, los despidos se produjeron después de la supuesta reunión en la que se trató la violencia contra los menores. «Empleaba la violencia como herramienta pedagógica», indicó uno de ellos.
Finalmente ha pesado más la larga lista de testigos presentados por la defensa del acusado, quienes fueron desfilando por las distintas sesiones del juicio. Todos ellos, tanto trabajadores como antiguos internos, negaron haber presenciado malos tratos por parte del director del centro hacia los adolescentes.
«Nunca se usaba la fuerza para doblegar a los menores», refrendaban los educadores. «Me dio consejos que me han valido para toda la vida», manifestó respecto del acusado un interno que trabaja ahora para la Fundación Amigó, también exonerada de cualquier responsabilidad civil.
