El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) emitió ayer un duro comunicado contra la Conselleria de Justicia en el que denuncia que en el servicio público de justicia gratuita «se suceden desde marzo de 2017 los incumplimientos de compromisos».

Una situación que ha llevado a que «parte del nuevo decreto de justicia gratuita no puede ser aplicado, según la afirmación que hemos recibido». El consejo lamenta que «tras las medidas de reorganización y de redistribución de competencias llevada a cabo en la Conselleria de Justicia desde el año pasado, se les ha reiterado la exigencia de requerimientos de información, de forma desordenada e improvisada, la exigencia de aplicación de nuevos criterios de facturación sin soporte normativo y la solicitud de cada vez más servicios».

Una situación que les ha llevado a «un incremento sustancial de los costes de organización de la justicia gratuita en la Comunitat Valenciana, que soportan los Colegios de Abogados, acompañado de una sustancial reducción de las subvenciones que se reciben. La Conselleria de Justicia ahorra costes trasvasando tareas a los Colegios de Abogados, y vuelve a ahorrar costes reduciendo las subvenciones que pagaba en ejercicios anteriores, para la organización del turno de oficio», denunciaron.

El resultado de esta «improvisación y desorden es la degradación del servicio público de la justicia gratuita en la Comunitat por el desconocimiento de la materia que se gestiona». Una situación empeorada en los últimos meses tras leer «pretenciosos informes que apuntan a reformas disparatadas de la justicia gratuita, en las que infringiendo todas las leyes imaginables se pretende explorar la defensa de oficio por personas que no son abogadas, y por entidades cuya idoneidad solo puede encontrarse en su relación personal con responsables de la justicia gratuita en la conselleria».

Y también consideraron que «se faltó al respeto a la abogacía valenciana con la reunión que la consellera Gabriela Bravo mantuvo con una Plataforma de Abogados del Turno de Oficio carente de la más mínima representatividad», tras la cual Bravo afirmó haber alcanzado «un acuerdo de incremento de las retribuciones del Turno de Oficio».

Tras estas duras críticas, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha citado al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados a una reunión el próximo lunes. Aunque antes, el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, ha querido puntualizar al CVCA que su departamento ha trabajado con él «de manera cordial y asidua, como nunca se había realizado en etapas anteriores» y bajo la premisa del consenso que «también ha presidido el proceso de adecuación a la normativa existente de la subvención y los pagos que se realizan tanto como compensación por el servicio de asistencia gratuita como a los colegios profesionales por su funcionamiento», señala.

También recordaba que la conselleria «ha tenido siempre una preocupación exquisita en el pago puntual de los baremos y de las obligaciones exigibles, entendiéndolo como una prioridad para la Tesorería de la Generalitat».

Y concluyen que «nunca hemos puesto en duda la representación institucional del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ni de las ocho instituciones colegiales que lo conforman, con los que hemos mantenido reuniones periódicas, la última el pasado 30 de abril.