La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, aseguró ayer durante el interrogatorio a cinco miembros de la Mesa de Contratación del Ministerio de Vivienda en 2009, que duda de que la adjudicación de un contrato de publicidad por el 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar, que está siendo investigada en el marco de la presunta financiación irregular del PSPV, fuese correcta. Fuentes jurídicas presentes en la declaración explican que la magistrada puso ayer esta sospecha sobre la mesa tras las diligencias practicadas y las declaraciones de los funcionarios. Estos dijeron no saben por qué participaron en la Mesa de Contratación para adjudicar la publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012. En concreto, dos miembros de la Mesa de Contratación que dio el visto bueno a la adjudicación admitieron que carecían de la experiencia necesaria para valorar la licitación. Otros funcionarios han admitido «fallos de redacción» en el expediente, o que la oferta de Crespo Gomar, SL, era la mejor económica pero no técnicamente. Un interventor concluyó, tras examinar el expediente de adjudicación, que estaba repleto de errores que lo hacían «incoherente». Las declaraciones continuarán el próximo 12 de junio con la de Alberto Gomar (copropietario de la consultora); el ex jefe de gabinete de la ministra Beatriz Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta, y el exsubsecretario Marcos Vaquer.
