"Ni aunque hagamos un examen de 10 conseguiremos una plaza en la Conselleria de Justicia y Administración Pública". Esta es la denuncia de un grupo de personas con diversidad funcional intelectual límite, ligera y moderada -de la asociación Alfil- que aseguran sentirse "discriminados" en las últimas plazas de oferta pública de empleo en la categoría de subalterno para personas con diversidad funcional intelectual.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública sacó a concurso dos plazas de oferta pública de empleo de 2014 y otras 23 plazas de la misma categoría el pasado 24 de mayo (correspondientes a la oferta pública de 2015 y 2016). Desde la asociación Alfil aseguran que el colectivo estaba "muy ilusionado" ya que "el mundo formativo y laboral está siempre repleto de barreras". En una oferta pública el proceso es el mismo para todos. Sin embargo, en esta convocatoria se han quedado fuera. ¿El motivo? Un cambio en la baremación de la experiencia profesional que es un "imposible" para ellos.
"Hace casi 20 años, un grupo de personas con diversidad funcional intelectual ocuparon plazas de empleo público de la Generalitat Valenciana. Pero lo hicieron sin ningún tipo de proceso objetivo, es decir, no accedieron desde bolsas de trabajo, ni realizaron ningún tipo de prueba o examen de acceso. Primero tuvieron un contrato laboral indefinitido y al recalificar las plazas, pasaron a ser funcionarios interinos", explican desde Alfil. Estaban en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y ahora parten con ventaja en este nuevo proceso público donde sí pueden conseguir una plaza en propiedad.
Y es que esta convocatoria barema en 20 puntos la experiencia profesional. "En la anterior convocatoria era de 15 puntos y no sabemos bien por quñé se ha aumentado a 20. Es absolutamente desproporcionado. Con esta puntuación nos resulta imposible acceder a ninguna de las plazas sino estamos dentro de esta veintena de privilegiados que en su día acedieron a un puesto de interinos en un proceso de selección que no fue objetivo. Por eso, de entrada, consideramos que no se cumple el principio de igualdad de oportunidades", aseguran en su carta de denuncia.
De esta forma, "los méritos quedan relegados por esa experiencia profesional y no se equiparan con la formación que venidmos realizando a las personas con diversidad funcional intelectual desde nuestras grandes limitaciones. Nuestra ilusión de acceder al mercado laboral público disminuye al comprobar que incluso aunque estudiermos y hagamos un examen de 10 no conseguiremos plaza al no poder competir con esos 20 puntos de los interinos que ocuparon este puesto de trabajo de una forma totalmente subjetiva y arbitraria".
Por ello piden que se valore "la capacidad" porque "es lo más justo". "La misma prueba para todos, con exámenes objetivos y anónimos y una corrección en la que todos partamos de las mismas condiciones", aseguran.
Además, afirman que existe un "agravia comparativo" ya que existe otro concurso-opoosición convovcado a nivel nacional para esa misma categoría ( subalterno para personas con diversidad funcional intelectual) que valora la experiencia laboral con unmáximo de 3 puntos. "Y en nuestra comunidad 20", recalcana.
Por último, aseguran que considerarían justa esa baremación si, en todo caso, "aquellos que ocuparon la plaza en su día lo hubieran hecho mediante un proceso de selección objetivo, igualitario y equitativo, pero no ha sido así. Solo queremos justicia y que se cumpla la Constitución: igualdad, mérito y capacidad para todos. Con un proceso de selección sin favoritismos y donde todos partamos en igualdad de condiciones".
