El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel para el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, y a otros tres años y medio a David Serra, exvicesecretario regional, por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.
En ese mismo fallo ha resultado absuelto el exvicepresidente de la Generalitat y coordinador de la campaña electoral, de 2007, Vicente Rambla.
La Fiscalía pedía para él 6 años y 3 meses de cárcel, pero el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, señala que no hay prueba directa que le implique en estos hechos.
"Es posible que haya cometido los delitos, pero existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera", por lo que acuerda su absolución.
El juez también condena a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa a 5 años y tres meses de prisión; Pablo Crespo a 5 años de cárcel; y a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares'. Estas penas se acumulan a las impuestas ya por las irregularidades en Fitur y por la primera época de la trama Gürtel en Madrid -en esta última 'El Bigotes' resultó absuelto-.
El magistrado considera que ha quedado probado que los 'populares' valencianos pagaron con dinero negro parte de los actos electorales de las campañas autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y otros eventos, todos ellos organizados por la empresa de la Gürtel, Orange Market. De hecho, la sentencia considera como "hecho probado" que los acusados "no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral" durante las elecciones de 2007 y 2008 "que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros" tras contratar con Orange Market, la sucursal valenciana de las empresas de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana.
Según el magistrado, las declaraciones de los acusados, junto con los informes y documentos que obran en la causa, permiten establecer "que el PPCV financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva".
Junto a los exdirigentes también han sido condenados los nueve empresarios que admitieron en el juicio haber financiado ilegalmente al PP a un año y nueve meses de prisión: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castelló; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios SA. El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.
