Apenas tiene doce años, no es consciente de los problemas que puede acarrearle -ya no en un futuro lejano sino en este mismo presente- enviar fotografías íntimas a desconocidos a través de mensajería móvil o de cualquier red social. Así, ajena como otros niños de su edad a los riesgos de esta práctica conocida como «sexting», durante meses contacta con hasta 30 chicos, varios de ellos mayores de edad, quienes le solicitan imágenes de ella desnuda o de alto contenido sexual. Algunos incluso tratan de engatusarla ofreciéndole trabajo como modelo de ropa interior. «Qué ojos más grandes tienes, qué boca más bonita ...». No se trata de Caperucita, es un caso real denunciado en una localidad de la comarca de l´Horta. Y el lobo feroz se esconde ahora en el verde bosque del WhatsApp.
Las investigaciones de la Brigada Central de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional y de una comisaría de la provincia de València han permitido destapar a raíz de esta denuncia hasta nueve cuentas de Instagram utilizadas de forma fraudulenta para obtener material sexual de víctimas menores de edad. Hay detenidos en lugares tan dispares como Moncada, Tenerife o Pamplona. Pese a que el envío de las imágenes era voluntario y ninguno de ellos llegó a contactar físicamente con la víctima ni la extorsionó posteriormente con las fotografías, como suele ocurrir en muchos casos, el mero intercambio de contenido de índole sexual siendo conocedor de la edad del menor sería un delito. ¿Pero en qué artículo del Código Penal estaría recogida esta práctica delictiva?
Esta fue una de las preguntas a las que trató de dar respuesta el I Congreso Internacional de Delincuencia sexual on-line: Retos en investigación e intervención, celebrado a mediados de mayo en la Facultad de Derecho de la Universitat de València. «Las nuevas herramientas tecnológicas en manos de niños que comienzan la etapa adolescente, y que llevan a cabo de forma inconsciente prácticas de riesgo como el ´sexting´, ha obligado a una constante actualización de determinados tipos delictivos», explica el ponente Pablo Tortajada, del despacho Sebastiá Abogados & Economistas, tras presentar datos en los que un 15 % de los menores de 18 años reconocía haber enviado material sensible y hasta un 27% había practicado «sexting» únicamente como receptor.
En el caso de que las imágenes enviadas de forma voluntaria por el menor fueran difundidas posteriormente a terceros -como por ejemplo a compañeros de clase-, siempre y cuando menoscabe gravemente su intimidad personal, estaríamos ante un delito recogido en el artículo 197.7 del CP. de descubrimiento y revelación de secretos, penado con entre tres meses y un año de cárcel. Al tratarse de una víctima menor de edad la pena se impone en su mitad superior, al igual que pasa si la persona que lo comete ha tenido una relación de pareja con la víctima.
En otras ocasiones, cuando los autores de estos hechos son tan pequeños (menos de 14 años) que son inimputables, la Fiscalía de Menores deriva este tipo de hechos al equipo de Mediación. Así ocurrió con un caso detectado hace unos meses en un instituto de València, cuyo nombre omite este periódico para preservar el anonimato de los alumnos, en el que un menor difundió en un grupo de WhatsApp de compañeros de clase un vídeo de una violación a un bebé. Una de las madres descubrió la impactante grabación en el teléfono móvil de su hijo y dio parte al jefe de estudios.
Penalmente el caso ha quedado archivado pero el menor que compartió el archivo, y que ya había enviado otros vídeos violentos como la decapitación de un hombre, tuvo que realizar un trabajo de concienciación. Sobre las motivaciones que pueden llevar a un adolescente a cometer este tipo de delitos, fuentes de la Fiscalía de Menores aseguran que muchas veces actúan simplemente «por hacerse el gracioso y ganar popularidad entre los compañeros». De esta forma remarcan la importancia de talleres formativos no solo con el autor sino con toda la clase, «porque si no tiene gente que le aplauda, si lo dejas sin público, el acosador pierde su fuerza».
¿Quién está al otro lado?
Otro de los delitos que se ha disparado con la proliferación del uso de redes sociales entre los adolescentes es el «grooming», práctica en la que un adulto realiza una serie de conductas encaminadas a ganarse la confianza del menor, de ahí su nombre (acicalamiento), para obtener material pedófilo o concertar un encuentro sexual con éste. En estos casos los autores se enfrentan a penas mucho más elevadas, recogidas en el artículo 183 ter., dentro de los abusos sexuales a menor de 16 años, siempre que haya actos encaminados al acercamiento. En el caso de consumar el delito de abuso, agresión sexual o pornografía, se castiga al autor por ambos hechos delictivos.
Un informe del Observatorio de Consumo, realizado con alumnos de quinto y sexto de Primaria de Alicante, revela que la mitad de los amigos online que tienen los niños de diez y once años encuestados son «personas desconocidas». Aunque «estos datos representan solo la realidad de Alicante y metodológicamente no son extrapolables, sí que suponen una realidad muy cercana del problema», explica Victoria Tur, doctora en Comunicación y Psicología Social en la Universidad de Alicante, quien apuesta por una «educación mediática y en valores», principalmente por parte del entorno familiar, pero también con el apoyo de la escuela.
El problema de este alto porcentaje de amigos virtuales sin rostro, a los que nunca ha visto realmente el menor y que pueden estar utilizando una identidad falsa, es por un lado «la posibilidad de acceder a contenidos o imágenes inadecuadas, ya sea de manera intencionada o por equivocación», explica Amparo Calandín, psicóloga de Doctoralia. Pero este sería el menor de sus problemas, ya que el contacto con desconocidos en las redes sociales a edades tan tempranas convierte al menor en una potencial víctima de pederastas y acosadores. «Puede ser víctima de chantajes mediante imágenes y vídeos personales», indica esta experta.
Un ejemplo reciente de este tipo de chantajes, habitualmente de índole sexual, está siendo investigado por la Guardia Civil de un municipio de l´Horta Nord después de que un menor de catorce años haya amenazado a una amiga con la que contactó a través de Instagram, de solo doce años, con enviarle a su madre las fotos íntimas que ésta le compartió de forma voluntaria. El menor le exigía más fotos de ella desnuda si no quería que su madre acabara enterándose de lo que hacía su hija. La víctima no cedió a su chantaje y acabó contándoselo a sus padres, como debe de ocurrir para evitar que el delincuente se haga todavía más fuerte. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores.
«Los adolescentes no parecen comprender las consecuencias del sexting, no se dan cuenta que las fotos que comparten pueden acabar en manos de terceros, que podrían usarlas para amenazarles y chantajearles», remarca Tortajada. Así, para combatir esta «falta de cultura de la privacidad», tanto este ponente como su compañero José Manuel Vázquez enumeraron una serie de «acciones preventivas».
Una de ellas sería la implantación de «medidas educativas y formativas obligatorias para niños, padres y educadores sobre el acceso de menores a contenidos ilegales, para que no caigan en el engaño de ciberdepredadores en la red», apuntaron. Así como la creación de nuevas herramientas de rastreo como el proyecto Asasec («Advisory System Against Sexual Exploitation of Childreen») o una base de datos internacional de imágenes de explotación de menores gestionada por Interpol. Y por su puesto, «la eliminación rápida de todo contenido ilícito». Algo que por desgracia no siempre se hace de forma tan inmediata como sería deseable por parte de la víctima.
El agente encubierto informático
Tras el surgimiento de esta nueva tipología de delitos, la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 13/2015 introdujo una herramienta novedosa para los investigadores policiales especializados en la lucha contra el cibercrimen como es la creación de la figura del agente encubierto informático. «Al igual que no es necesaria la autorización judicial para que la policía vigile las calles, el ciberpatrullaje tampoco lo requiere con esta figura», explicó en el I Congreso Internacional de Delincuencia sexual on-line un responsable de la Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
El ciberacoso se dispara
Las redes sociales también se han convertido en una peligrosa herramienta en manos de menores que acosan a otros por mera diversión. «Han pasado de humillar a los compañeros con el dibujo en la pizarra a hacerlo difundiendo comentarios e imágenes a través de Instagram o WhatsApp, por lo que el acoso no finaliza cuando la víctima sale del colegio», explica la coordinadora de la Sección de Menores de la Fiscalía de València, Consuelo Benavent. Según la memoria anual de la Fiscalía, en tan solo un año el incremento de casos de acoso entre menores se ha disparado a los 328 que se registraron el pasado 2017.
Respecto a cuántos de estos son producto del uso de las nuevas tecnologías, es decir «ciberbullying», Benavent indica que no hay forma de saberlo con el sistema informático actual en el que se introducen los datos según el tipo penal pero no la modalidad delictiva. Lo mismo ocurre con el «sexting», que está incluido en delitos contra la integridad moral, amenazas o delitos sexuales.
En los tres primeros trimestres de 2017 en la provincia de València se dieron 130 casos de ciberacoso, solo cinco menos que en todo el curso anterior de 2016, según datos de la delegación del Gobierno en la Comunitat. Asimismo, el Servicio de Atención Telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español (900 018 018), que empezó a funcionar el 1 de noviembre de 2016, atendió el año pasado un total de 1.752 llamadas en la Comunitat Valenciana, según datos del Ministerio del Interior.
