El Ayuntamiento de Oliva, a través del departamento de Bienestar Social que dirige el concejal Àlex Salort, ha garantizado que la familia con tres menores sobre la que pesa una orden de desahucio, que está previsto que se ejecute hoy, tendrá un techo bajo el que dormir si finalmente se hace efectivo.
En conversación con este periódico, el edil explicó que barajan dos alternativas de urgencia. La primera es un realojo en casa de algún familiar. En caso de que no quepa esta posibilidad, el ayuntamiento se hará cargo de pagar un hostal en el que se refugiaría la familia hasta encontrar una solución más o menos definitiva.
Cabe recordar que la propiedad de la que ahora les quieren desahuciar pertenece a una entidad bancaria. La vivienda se encontraba vacía y la familia, al quedarse sin casa por el incendio, la ocupó.
Estaba en mal estado y ellos han ido adecentándola con sus propias manos. La justicia, a instancias del banco, quiere ahora echarles. Aunque se esperaba que durante el día de ayer se produjera una paralización judicial del desahucio atendiendo a la petición hasta de la misma ONU, este trámite finalmente no llegó.
La familia está recibiendo todo el apoyo de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de la Safor Valldigna. Ayer, esta entidad, de forma conjunta con otras PAH valencianas, presentaron un escrito en el Congreso dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que pedían la suspensión del lanzamiento.
Este gesto se produce un día después de conocerse que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU instara al Estado a que no se ejecutara del desahucio de la familia de Alisa, como publicó Levante-EMV.
El escrito solicita a Sánchez que se pronuncie sobre «las modificaciones legales necesarias para que cualquier juez venga obligado a respetar las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas», y sobre los cambios legales necesarios para el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
