La reversión del hospital de Alzira fue la primera en marzo pero no será la única gran vuelta a lo público de un servicio sanitario este año. La Conselleria de Sanidad ya está preparando la salida el próximo mes de septiembre de la UTE Erescanner del servicio de las resonancias que se hace de forma privada en 16 hospitales públicos y parece que parte del personal seguirá en sus puestos tras esa fecha ante la falta de técnicos radiólogos formados en el ámbito de la pública.
Así lo están negociando actualmente Erescanner (Eresa, Beaneca, Inscanner y Ribera Salud) y que ganó el concurso en 2008 por 497 millones de euros y la Conselleria de Sanidad. Según fuentes próximas a la negociación, Sanidad tiene ya sobre la mesa desde que notificó que no habría prórroga del servicio, un listado de los profesionales que están actualmente trabajando, más de 100, aunque la conselleria todavía no se ha pronunciado sobre la forma en que se procederá a hacer esta absorción de personal que podrían pasar a depender de la administración como personal laboral aunque se desconoce todavía en qué condiciones.
Desde la conselleria ya habían mostrado su intención de absorber al personal actualmente contratado por Eresa en el Hospital General de València (un contrato diferente que acabó en enero y que está por resolverse) por lo que se podría hacer un procedimiento paralelo. Por ahora, y según fuentes oficiales de Sanidad, la posibilidad de una «subrogación» del personal está todavía «en fase de análisis y estudio» y parece que éste será largo: primero se quiere analizar la situación laboral del personal para después, hacer un «estudio jurídico a efectos de determinar si procede o no la subrogación».
El apartado de los profesionales será en el que más habrá que negociar ya que el técnico está resuelto: el contrato firmado hace diez años ya prevé que Sanidad se quede con las máquinas instaladas por las empresas privadas -y está estipulado también la manera en la que se han de valorar para compensar a las empresas. Además, la conselleria completará la renovación del área de diagnóstico por imagen con el impulso extra que suponen los 30 millones donados por Amancio Ortega con los que se podrán actualizar equipos y dotar a áreas que, hasta ahora, no disponían de este servicio.
Nada más llegar a Sanidad, la consellera Carmen Montón se marcó como objetivo el «devolver a lo público» la sanidad valenciana y reducir al máximo las colaboraciones público-privadas. Tanto el contrato del hospital de Alzira como el de Erescanner acababan este año, facilitando el trámite aunque el problema, en ambos casos, es la falta de personal público suficientemente formado.
Montón, tras tomar la decisión de que las resonancias se harían desde lo público empezó a extender el denominado modelo C en los hospitales con formación especializada para facilitar que los radiólogos de la pública pudieran trabajar en solitario una vez Erescanner saliera pero, aún así, faltará personal, de ahí el trasvase planteado y que debe de armarse jurídicamente.
La salida de Erescanner de 16 hospitales públicos y de Eresa del Hospital General no supondrá el fin de la colaboración público-privada. Sanidad está a punto de firmar un contrato de dos años para derivar a la privada 124.000 pruebas ya que se estima que este será el tiempo en que los nuevos equipos comprados con la donación de Amancio Ortega estén listos y la pública pueda así integrar totalmente el servicio, algo que se había prometido para este 2018. Como contó ayer este diario, Eresa retendrá el grueso de su negocio, al quedarse el lote de Vinaròs, Marina Baixa y los hospitales de la provincia de Valencia. Imed hará las pruebas para los hospitales de Alicante y la empresa Alliance se adjudica el área de Requena.
