Un total de 37 centros educativos de la provincia de València cuentan, aún, con amianto en sus estructuras. Así lo asegura la plataforma «Fibrociment? No, gràcies», que ayer se reunió con Santiago Estañán, director territorial de la Conselleria de Educación.

La comisión -formada por Fampa-València, la asociación de víctimas del amianto de València, la Confederación de Ampa Gonzalo Anaya y miembros de la Ampa Ciutat de Bolonia-, explica que «casi la tercera parte» de los centros todavía afectados por el amianto forman parte del pla Edificant, al que se han acogido los ayuntamientos, por lo que esperan que los trabajos se lleven a cabo cuanto antes.

Aunque la plataforma «valora el recorrido hecho por la Administración sobre todo en los últimos meses», han demandado a la Dirección Territorial «el compromiso de que este material nocivo para la salud sea retirado totalmente en los centros educativos el próximo año». «Queremos que el 2019 sea el año que diga adiós definitivamente al fibrocemento», apuntan.

La Conselleria de Educación, por su parte, cuantifica en 25 los centros pendientes en València, de los cuales 13 ya se están ejecutando o se harán a lo largo del verano, para aprovechar el periodo de vacaciones escolares.

Educación asegura que en los tres años que lleva en marcha el Consell del Botànic, se ha retirado el amianto de un total de 128 centros (21 en la provincia de Alicante, y 86 y 21 en las de València i Castelló, respectivamente); mientras que en la legislatura anterior, del PP, la cifra fue de tan solo 21 centros.

En la reunión, la comisión insistió en la «necesidad de ser conscientes del peligro que supone tener todavía centros con este material tan nocivo en lugares en los cuales conviven a diario niños y niñas y personal docente». Asimismo, trasladaron su preocupación porque haya colegios e institutos ubicados cerca de instalaciones con fibrocemento deteriorado.

Por eso, y siguiendo la normativa europea y la Proposición No de Ley (PNL) que hace un año aprobaron las Corts, la comisión apremian al resto de consellerias y también a los ayuntamientos a «desamiantar el entorno».