El contrato lo excluye de forma explícita pero la nueva adjudicataria de las ambulancias, la UTE Ayuda SL, seguirá ofreciendo el servicio de transporte para los profesionales médicos en los avisos domiciliarios, al menos hasta que termine la huelga de taxis. Esta es la petición «especial» que ha tenido que realizar la Conselleria de Sanidad a la unión temporal de empresas que desde ayer se hace cargo del transporte sanitario en la Comunitat Valenciana.
El nuevo contrato excluye explícitamente este servicio, al salirse de lo que está considerado, en puridad, transporte sanitario pero sí prevé, por ejemplo, que cuando haya «situaciones excepcionales» se puedan atender los servicios fuera de contrato. Esta situación parece que ha llegado más pronto de lo esperado al haber confiado algunos centros de salud en los servicios de taxi para desplazar a sus médicos a los avisos domiciliarios a partir del 1 de agosto sin contar con que el sector de los taxistas se encuentra en huelga indefinida.
Desde la plataforma de taxistas se había asegurado que los avisos de este tipo se iban a considerar como «servicios mínimos» y que, por tanto, se iban a tener en consideración pero, ante la posibilidad de que no fuera así, la directora general de Asistencia Sanitaria, María Amparo García Layunta, envió el martes una notificación a todos los departamentos de salud anunciando que aquellos que hubieran contado con los servicios de taxi, podrían seguir haciendo los desplazamientos para los avisos domiciliarios «de la misma manera que hasta ahora se venían realizando, para garantizar la prestación asistencial» si, por causa de la huelga, no se podía contar con este transporte alternativo. La petición a la nueva empresa (confirmada por fuentes internas) rompe la forma de trabajar que quería establecer Sanidad, ya que se quería empezar a cumplir la ley, pero las circunstancias y el retraso de la administración en dar una solución global al problema lo ha precipitado.
Falta de previsión
El pliego de condiciones del nuevo contrato de ambulancias se redactó en 2016 pero no se había previsto la alternativa para el traslado de los médicos. En algunos centros se cuenta con vehículos especiales, pero no así en muchos otros, por lo que los profesionales echaban mano de las ambulancias para ir lo más rápido posible a los avisos domiciliarios. En los últimos días, y tras las protestas de los profesionales -que no veían bien recurrir a sus vehículos particulares- Sanidad dio carta blanca a cada área para cubrir el «agujero» que se iba a crear a partir del 1 de agosto como quisieran.
En algunos centros de salud se han puesto coches de atención médica, coches eléctricos y otros habían apostado por llamar al servicio de taxis o incluso por pagar el kilometraje a sus trabajadores. En las áreas bajo gestión privada, como Torrevieja y Vinalopó se ha llegado a un acuerdo particular con las empresas de ambulancias.
Pese a la «falta de anticipación y de coordinación» de Sanidad, que viene denunciado el Partido Popular en las últimas semanas, la consellera Ana Barceló quiso ayer lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que no iba a haber «absolutamente ningún problema» y que los pacientes no tendrían por qué verse afectados. Barceló recomendó llamar al 112 ante cualquier urgencia: «es el que pone en marcha los medios de transporte necesarios».
La administración autonómica tiene a partir de ahora dos meses para dar una solución definitiva a este problema. El plazo lo puso en su día la Inspección de Trabajo que escuchó las denuncias presentadas por el sindicato Satse. Según dijo ayer Barceló, se estaba «trabajando» para buscar «una solución global a una forma de trabajar «que impide que, por ejemplo una ambulancia TNA esté prestando un servicio asistencial» a un paciente mientras traslada a un profesional, lo que podría aumentar los tiempos de respuesta.
