Tanto en València como en Alicante se realizaron nueve inspecciones en cada provincia, tres más que en Castelló, donde se efectuaron seis de los 24 controles realizados.
Jéssica Martínez, pedagoga especializada en el ámbito de protección al menor, aplaude esta medida tras «el aumento de denuncias en relación a algunas prácticas que se llevan ahí dentro» y reconoce que la preocupación que muestra la Administración beneficia a los menores: «cuanto mayor sea el control de estas instituciones, mejor será la calidad de vida de los menores».
El número de inspectores se duplicó en 2017 y, por primera vez tras la aprobación hace 20 años de la Ley que regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se alcanzó la dotación de efectivos que establece la normativa y que está fijada en 20 inspectores. Diez puestos más en el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios de la Conselleria que se crearon gracias a los presupuestos de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra.
