Si salieran adelante algunas de las propuestas que el PP acaba de plantear en las Corts, À Punt quedaría obligada a informar durante cada programa que emita en antena del coste que genera y los seminarios del Consell quedarían eliminados. Además, los plazos para las intervenciones quirúrgicas quedarían blindados por una ley y los «bous al carrer» iniciarían el camino para convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC). El plus de productividad de los funcionarios quedaría vinculado a la consecución de objetivos y el director de la Agencia Antifraude no podría contratar personal sin concurso público.
