Les Corts han aprobado esta mañana la ley de Inspección general de servicios y del sistema de alertas tempranas para prevenir malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público. El sistema se denomina Satán y busca detectar irregularidades y malas prácticas administrativas y reforzar la inspección.

La nueva norma, aprobada con los votos de todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido, considera malas prácticas aquellas actuaciones de la Administración que puedan propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Como novedades, la ley dota al personal inspector de la condición de autoridad pública, e incluye la obligación de todos los órganos administrativos y del personal de la Generalitat y su sector público instrumental de colaborar con la inspección, cuyas atribuciones se refuerzan.

El sistema informático de alertas rápidas (Satán) busca identificar los procesos administrativos que pueden ser susceptibles de presentar riesgo de irregularidades o malas prácticas, y se considera un instrumento básico de carácter preventivo destinado a reducir los riesgos de irregularidades o malas prácticas.

A ese objetivo se destinarán también la elaboración de un mapa de evaluación de riesgos, los planes individuales de autoevaluación, y la publicación de un código de buenas prácticas para la prevención y detección de irregularidades.

La ley regula en un artículo la protección de las personas alertadoras o denunciantes de irregularidades o malas prácticas, a las que se aplicará el régimen de protección fijado en la ley de la Agencia Antifraude, y señala que se establecerá un "canal seguro" para denunciar, que garantizará la confidencialidad de quien lo use.

La socialista Clara Tirado ha defendido que para el actual Consell era "prioritario", dentro de su "actitud combativa" contra la corrupción, afrontar el reto de acabar con malas prácticas que han sido "caldo de cultivo" para la corrupción con el PP, y ha destacado el carácter "innovador y pionero" del sistema de alertas.

Mireia Mollà (Compromís) ha asegurado que se trata de una "buena ley", que se ha mejorado con aportaciones de todos los grupos, y ha indicado que aunque puede "dar risa" que el sistema de alertas se denomine Satán, la Comunitat ha tenido una Administración "con corderos que resultaron ser lobos".

Fabiola Meco, de Podem, ha reivindicado las enmiendas de su grupo que han sido aprobadas y que han supuesto "un pulso a la Conselleria de Transparencia", y ha destacado que los defraudadores aprenden a encontrar "atajos" y por ello hay que poner "puertas blindadas" por las que jamás se puedan "colar".

El diputado del PP Luis Santamaría ha agradecido la "voluntad de diálogo" mostrada con esta ley, pero ha justificado la abstención de su grupo en que les habría gustado que la Inspección general de servicios siguiera asumiendo las competencias que tenía hasta ahora, pues en su opinión esta norma le resta competencias.

El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha lamentado que no hay ley del Botànic "que no tenga chiringuito", en este caso una comisión interdepartamental, y ha mostrado sus dudas de que la aplicación informática funcione y se vaya a poder instalar en los ordenadores de la Administración.