El servicio de resonancias de los principales hospitales valencianos seguirá siendo privado, al menos, hasta el próximo mes de febrero. Así lo ha decidido la Conselleria de Sanidad ante la imposibilidad de cumplir con el plazo marcado para revertir el servicio a lo público el próximo 1 de noviembre, fecha en la que expira el contrato firmado hace diez años con la unión temporal de empresas Erescanner (formada por Eresa, Beaneca, Inscanner y Ribera Salud).
La vuelta a lo público del servicio de resonancias (que está privatizado en 16 hospitales valencianos desde 2008) era la segunda gran reversión prometida por la exconsellera Carmen Montón a su llegada al cargo tras la vuelta a lo público del área de salud de Alzira. Aprovechando, como se hizo con el hospital de la Ribera, el fin del contrato, la administración puso en marcha la maquinaria en 2015 para que a finales de este año todo estuviera listo para asumir las resonancias.
Había que asegurarse el personal, los equipos y contar con un plan B para todo aquel trabajo diario que los hospitales no pueden asumir. Sin embargo, a menos de quince días de que llegue el día D, Sanidad tiene problemas en todos los frentes, por lo que ha decidido prorrogar el contrato con Erescanner para asegurarse que todo se hace correctamente.
El personal
Al igual que sucedió con la reversión del hospital de Alzira, en las resonancias la conselleria se enfrenta a una situación de sucesión de empresas por lo que se ve obligada a subrogar a gran parte del personal de la UTE que está prestando el servicio. Se calcula que serán cerca de 150 trabajadores de Eresa e Inscanner los que se queden en su plaza como «personal laboral a extinguir» aunque el decreto que lo ha de legalizar no está siquiera publicado.
Las máquinas
El contrato suscrito en 2008 ya planteaba la posibilidad de que la conselleria se quedara con los equipos de Eresa y la forma, incluso, de cuantificar el pago por lo que, en principio, este punto no plantearía problemas. En este caso la llegada de los equipos «extra» que se han comprado gracias a la donación del magnate textil Amancio Ortega antes de asumir el contrato es más recomendable que necesaria aunque, este punto, tampoco está todavía resuelto.
El nuevo contrato
El verdadero problema y que ha obligado a demorar la internalización del servicio, está, según reconoció ayer Sanidad, en el retraso en poder formalizar el nuevo contrato de gestión de aquellas pruebas que la pública no pueda asumir: más de 62.000 al año procedentes de 14 departamentos de salud. El proceso como tal ha concluido (en septiembre se adjudicaron los cinco lotes) pero los dos nuevos recursos presentados contra la decisión de conselleria van a retrasar su puesta en marcha y por lo tanto «resulta necesario extender los efectos del contrato actual, atendiendo a razones de tipo asistencial», según las explicaciones dadas por sanidad.
La conselleria trasladó el lunes su decisión a los adjudicatarios en una reunión informativa.
