La segunda sesión del juicio por el crimen de un hombre muerto de una brutal paliza y dos cuchilladas frente al Hospital La Fe de València, en presencia de su hija de apenas cuatro años, sirvió ayer para que tres de los acusados pusieran sobre la mesa las cartas de su defensa. Tras negar su participación en el crimen, dos de ellos, hermanos a los que la víctima reclamaba el arreglo de una moto que uno de ellos le había vendido, incriminaron directamente a uno de los procesados como autor material de las cuchilladas que acabaron con la vida de Javier Redondo Calero, de 33 años.

De hecho, uno de los hermanos L. S. reconoció que la misma tarde del crimen todos los acusados se reunieron al ver en la prensa que esta persona, con la que habían quedado en el Bulevar Sur de València, había fallecido. «El 'Purru' le ha pinchado», asegura que escuchó en dicho encuentro.

Por contra, el abogado defensor de Pedro S. B., alias «Purru», sostiene que su cliente se enteró diez meses después de que estaba en busca y captura y que fue él quien se entregó voluntariamente. Según su versión, entre los diez acusados -la única mujer ya no está acusada- se puede apreciar tres grupos. Por un lado, los hermanos L. S., que sí tenían algo contra el fallecido. Por el otro los que estuvieron en el lugar de los hechos pero que no tenían motivos para querer matar a la víctima, y por último los que ni siquiera estuvieron allí. Durante el juicio tratará de acreditar que su cliente, y al que ahora apuntan con autor material de la muerte, pertenece a este grupo de gente que no estuvo en el lugar del crimen y que tampoco sabe qué ocurrió.

El tercero de los acusados que sí declaró ayer fue el conductor de la furgoneta en la que acudieron varios miembros del «clan de Benimàmet», quienes se encontraban en un entierro. Ramón G. S., alias el «Piraña», alegó que no llegó a bajar del vehículo, y que ni siquiera se paró, y que apenas vio a algunos de los acusados salir corriendo como si algo hubiera pasado, pero que desconocía el motivo. Por su parte, las acusaciones particulares retiraron los cargos contra la novia de uno de los hermanos L. S. Los otros diez acusados se enfrentan a penas de quince años de cárcel, según la petición del fiscal, y veinte por asesinato, según las acusaciones.