El conocimiento de una lengua cooficial, como es el caso del valenciano, será por primera vez considerado un mérito en los concursos de traslados y de promoción del funcionariado del Estado. Esta es una de las principales novedades (aunque no la única) del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Gobierno central en materia de función pública.
El conocimiento de la lengua cooficial en aquellos territorios donde existen reconocidas dos lenguas (caso de la Comunitat Valenciana) será por tanto una ventaja para aquel personal que dependa de la Administración del Estado y quiera acceder a un puesto de trabajo en territorio valenciano.
Aunque solo será un mérito, esta medida está en la línea de las medidas adoptadas por el Consell bipartito para implantar el uso del valenciano en las administraciones.
El Consell tiene pendiente introducir el requisito lingüístico para acceder a un puesto de la función pública dentro del ámbito de la Generalitat. La medida está incluida en la nueva ley valenciana de función pública, pero este proyecto legislativo se encuentra paralizado, entre otras cuestiones, por la regulación de la capacitación lingüística de los aspirantes.
La conciliación contará
Junto a la lengua, el acuerdo alcanzado introduce nuevos méritos que se suman a los ya clásicos de la experiencia en el puesto de trabajo y los cursos realizados. Además, la conciliación familiar dejará de ser un elemento obstaculizador en la promoción profesional y a partir de ahora se valorará en la fase de puntuación que la causa alegada del traslado sea por cuestiones relacionadas con el cuidado de hijos y mayores.
El acuerdo establece que el personal funcionario que alegue causas relativas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para la adjudicación de un puesto en distinta localidad, deberá solicitar la totalidad de puestos de trabajo que se convoquen en esa localidad. Entre las situaciones que se tendrán en cuenta, estará el cuidado de hijos menores de 12 años, cuidado de un familiar o que la persona cónyuge haya sido destinada al lugar previamente.
El pacto citado fue firmado por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y los representantes de los distintos sindicatos representados en la Mesa General de Negociación, CSIF, CC OO, UGT, USO y CIG, y tiene como objetivo facilitar la movilidad del personal y su promoción profesional.
En principio, el acuerdo afectaría a personal dependiente de ministerios, aunque no a otros funcionarios del Estado, como la Policía Nacional, que tiene una regulación específica.
