Las Corts Valencianes han aprobado esta mañana la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución española para la reintegración efectiva del derecho civil valenciano que ha sido presentada por los grupos parlamentarios popular, socialista Compromís y Podemos. Únicamente Ciudadanos se ha apartado del consenso del resto de grupos.

En opinión del diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo la posibilidad de que en España puedan existir 17 derechos civiles distintos supondría volver a la Edad Media porque en su opinión resultaría extraordinario que un ciudadano de Orihuela se desplace a Murcia y tenga un derecho civil distinto. Ha añadio que eso no puede ser progreso y sostiene que el tripartito le ha metido un gol al PP.

La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, Mª José Ferrer San-Segundo, ha respondido que la Comunitat Valenciana "presenta un caso insólito en España: es el único territorio que tuvo Derecho Civil propio (desde el siglo XIII) y que ahora, en la práctica, no lo tiene. Las demás, o tuvieron capacidad normativa y la siguen teniendo ahora, o no la han tenido nunca".

Ferrer San-Segundo se ha pronunciado así durante el debate de la iniciativa para modificar la disposición adicional segunda de la Constitución para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano. La diputada ha señalado que defender esta propuesta "es un honor al hacerlo además en nombre del PPCV, que impulsó decididamente su reconocimiento en el Estatut de 2006".

"Pensábamos que la anomalía había quedado definitivamente resuelta con el Estatut de 2006, que recoge, claramente, la plena competencia autonómica en cuanto al derecho civil", ha indicado la diputada. Ferrer San-Segundo ha recordado, además, que el texto "fue aprobado, además de aquí en Les Corts, por Ley Orgánica de las Cortes Generales, sin que contra los preceptos estatutarios que reconocían esa capacidad normativa, se presentara ningún recurso de inconstitucionalidad por parte de ningún partido ni institución".

"Pero lo que ha venido después de aquella aprobación ha dejado ese reconocimiento en papel mojado", ha lamentado la diputada, por lo que ha instado a buscar "las vías y aunar los esfuerzos para que la voluntad, no derogada, de los legisladores, autonómicos y nacionales, tenga realmente eficacia".

La Asociación valenciana de Juristas, que ha hecho un encomiable trabajo para que el derecho civil valenciano tenga todas las capacidades modernas y sociales que tienen ya los de otros territorios, defiende que los valencianos aspiran a ser tan iguales en este asunto como los 15 millones de españoles (aragoneses, baleares, gallegos, navarros, catalanes y vascos) que tienen sus propias normas civiles y como prevé el Estatut valenciano poder legislar en materia de régimen económico matrimonial, en normas sucesorias, u otras materias del Derecho de familia, como la regulación de las uniones de hecho o de custodia compartida, o cualesquiera otras que determinen les Corts.

Su presidente, José Ramón Chirivella recuerda que 341 municipios- que representan a más de 4,4 millones de ciudadanos, el 90% del censo valenciano- , la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las 3 Diputaciones Provinciales, muchas Mancomunidades de municipios pequeños y medianos, es decir el municipalismo valenciano de forma clara apoya la recuperación. Este respaldo es homogéneo en todas las comarcas, sin diferencias de lenguas o territorios, desde Villena, a Requena, de Vinaròs a Orihuela, y en muchas ocasiones con implicación directa de alcaldes y concejales de Ciudadanos ( Barx, Gandía, Denia, Santa Pola, Moixent, Castalla, Aldaya, Llanera de Ranes, Alcoy, Sagunt.

Además, la recuperación de normas civiles sociales y modernas ha sido promovida y respaldada por asociaciones empresariales muy representativas como AVE, ATEVAL y también por ATA ( los autónomos), por la gran mayoría de los sindicatos ( CCOO, UGT, CSIF, Intersindical, …) y por los colectivos representativos de los agricultores valencianos ( AVA-ASAJA y La Unió). Este proceso ha sido liderado por las Facultades de Derecho valencianas ( UJI, Alicante y Valencia) y por los 8 Colegios de Abogados valencianos, que entre sus objetivos estatutarios tienen el fomento y apoyo del Derecho Civil propio.

Es muy relevante también el apoyo del Colectivo LGTB a través de Lambda, conscientes de los derechos civiles y sociales que posibilita el ejercicio de la competencia, y de asociaciones culturales centenarias como lo Rat Penat u otras como la Fundació Nexe, Tirant Lo Blanc, el Centenar de la Ploma, o comarcales como la Borrianenca de Cultura, el Teix d´IBI, o la del Camp de Morvedre.

El Derecho Civil Valenciano estuvo vigente, de forma práctica durante ocho años y beneficia actualmente a 300.000 valencianos. Es un Derecho vivo, y moderno.

En efecto, desde la entrada en vigor de la Ley de Régimen económico matrimonial en abril de 2008, hasta noviembre de 2016 con la derogación de la Ley Valenciana de Custodia Compartida ha generado efectos civiles para 300.000 valencianos. El Derecho civil valenciano, se sigue estudiando en las Facultades de Derecho, pese a la inconstitucionalidad de las leyes civiles valencianas. El sentido común exige buscar solución rápida a esta competencia claramente regulada en nuestro Estatuto, y que los diputados vuelvan a discutir y aprobar leyes civiles que se adapten a las necesidades sociales que en cada momento determine la mayoría política en les Corts, afirma Chirivella.