Hace dos años, algo más de 289.000 valencianos se beneficiaban del bono social eléctrico, una ayuda que permitía ahorrar hasta un 25 % de la factura de la luz a familias en riesgo de exclusión o que cumplían una serie de requisitos, entre los que se encontraba tener una potencia contratada inferior a 3 kilovatios en la vivienda habitual, fuera cual fuera su situación económica. Además, también tenían acceso los pensionistas con ingresos con una pensión mínima, las familias numerosas y las que tuvieran a todos sus miembros en situación de desempleo.

En 2017, el Gobierno cambió los requisitos para optar a un nuevo bono social eléctrico que, sin embargo, tendrá muchos menos beneficiarios. Y es que las compañías eléctricas afirman que hasta septiembre de este año se han acogido al bono social 89.570 familias de la Comunitat Valenciana (45.962 hogares en Valencia; 34.652 en Alicante y 9.226 en Castelló), lo que significa que habrá casi 200.000 beneficiarios valencianos menos (199.430 exactamente), es decir, que un 69 % de los hogares se quedarán sin la ayuda. A nivel estatal, más de más de 1,7 millones de beneficiarios se quedan fuera.

El 8 de octubre de este año desapareció el antiguo bono social eléctrico. Sin embargo, el Gobierno ha concedido una moratoria para que quien no haya solicitado o renovado la nueva ayuda pueda hacerlo hasta el 31 de diciembre. Eso sí, si se acepta la solicitud ésta tendrá carácter retroactivo desde el 8 de octubre.

El bono social eléctrico es una ayuda creada por el Gobierno en 2009 que consiste en aplicar descuentos sobre la factura de electricidad, principalmente, a «consumidores vulnerables». Sin embargo, esa definición del consumidor vulnerable no estaba asociada con la renta familiar, algo que ha cambiado este año.

El principal requisito por el que miles de familias han disfrutado hasta ahora del bono eléctrico era el de tener una potencia contratada inferior a 3 kw ya que puede ser, en ciertos casos, un indicador del nivel bajo de renta de una familia. De hecho, las compañías eléctricas aseguran que el 72 % de los beneficiarios del antiguo bono social lo eran por cumplir con este requisito.

Sin embargo, las compañías afirman que el bono social fue objeto de ayudas a familias a las que no les correspondía, ya que «había casos de inmuebles que figuraban como vivienda habitual pero se trataba de trasteros, garajes o segundas residencias de vacaciones». «Hay que recordar que en julio del 2009 se dieron en automático los bonos sociales a la mayoría de estos suministros y, por ello, no tuvieron que presentar ningún documento, como el certificado de empadronamiento, que acreditan el uso como primera vivienda», explican las mismas fuentes.

Además, también se concedieron las ayudas «en viviendas habituales donde la calefacción, el agua caliente sanitaria o la cocina utilizaban el gas natural u otra energía diferente a la electricidad; así como casos en que la potencia está mal informada en los contratos (y no es real) al carecer de limitadores de potencia (ICP)», apuntan desde las compañías suministradoras.

El cambio en los requisitos del bono social eléctrico no ha estado exento de críticas, principalmente porque se reduce el número de beneficiarios en casi un 70 % solo en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, desde las compañías eléctricas destacan los cambios que «amplían la cobertura». Y es que, como medidas de acción urgente, el Real Decreto Ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.

Por otro lado, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinan criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres ya que el 85 % de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el Iprem respecto al de las familias biparentales.

Además, los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15 % con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. «Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes, se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas», añaden las mismas fuentes.

Por último, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves.