Era de esperar que la comisión para la reforma del estatuto de los expresidentes fuera bronca. Ayer se debatió en las Corts la proposición no de ley impulsada por Podemos que busca limitar los privilegios de los expresidentes cuando abandonan el Palau, un asunto que soliviantó a los miembros del Botànic, levantando un muro entre Compromís y Podemos con el PSPV
Con el beneplácito de Cs y la negativa de PP y PSPV, Compromís y Podemos buscan que los expresidentes de la Generalitat al terminar su mandato.
Ahora solo Francisco Camps hace uso de este derecho, que fue regulado en mayo para que su plaza solo fuera ocupada como máximo 9 años. Ambos partidos quieren que los expresidentes formen parte del Consell Econòmic i Social (CES), donde no se cobra remuneración, sino dietas. También allí tendrían una limitación temporal: no más de cinco años en el cargo.
Mireia Mollà, de Compromís, lamentó que la negativa de PP y PSPV se deba, «hablando claro», a la «cuestión económica» ya que ninguno de los dos partidos tienen objeciones a hacer un hueco a los exmandatarios en el CES. Defendió que las funciones de asesoría que se espera de ellos tienen más sentido en este organismo y no en el Jurídic, pero cree que ambos partidos no apoyan la modificación para que los expresidentes no pierdan su sueldo.
Compromís y Podemos se oponen a los «privilegios» derivados del paso por el Palau. La diputada podemista Fabiola Meco criticó que gocen de coche oficial, de escolta, de servicio de secretaría, de dos asesores y de una oficina «que no tiene límite de tiempo, que no tiene que rendir cuentas ni se limita el gasto», es decir, «barra libre».
Meco recordó, como ya hizo en junio, que esos privilegios de los que han dispuesto José Luis Olivas (entre 2003 y 2004), Alberto Fabra y Francisco Camps han costado al erario público desde 2003 hasta febrero de este año «un millón de euros».
Ante la oposición de PSPV, Meco recordó que tanto la profesionalización del Jurídic como el adelgazamiento de cargos y sueldos públicos fue una de las cláusulas firmadas en el Pacte del Botànic. Habla en concreto de eliminar privilegios.
Sin embargo, el síndic socialista Manuel Mata esgrimió los argumentos en torno a la idea de «dignificar» la figura del expresident. Para evitar las puertas giratorias, Mata cree que hay que buscar una salida «a los que han sacrificado su vida familiar y profesional durante años», unido a que la ley de Incompatibilidades es «muy estricta» y les impide trabajar a menos que sea en la función pública.
Además, replicó a Meco que el millón de euros que han costado los servicios a los expresidentes «no es nada». Mata admitió que están de acuerdo en que el uso del coche oficial y en que den cuentas de su actuación, pero rechazan aprobar leyes para una sola persona, en referencia a Camps.
Los socialistas optan por mantener la plaza en el Jurídic. De hecho, reprochó a Cs que propongan «pagarles por no hacer nada» porque considera que su experiencia es válida en este órgano.
La posición que mantiene Cs es más cercana a Compromís y Podemos que a PP y PSPV. De hecho, Meco agradeció la disposición para el diálogo y reconoció que ambos partidos, habitualmente enfrentados, se han entendido en las claves de la reforma.
La formación naranja quiere restringir los privilegios, y los que se mantengan, que estén justificados. Sin embargo, para los de Albert Rivera tampoco está justificada la presencia en el CES, pero abren la puerta a que reciban una indemnización económica durante los años en que la ley de Incompatibilidad no les permita trabajar, como defendió la diputada María José García.
Un debate «ideológico»
El reproche de Compromís y Podemos a los socialistas es que estén enrocados en mantener el estatus quo, donde se sitúa también el PP, para quien debatir el estatuto de los expresidentes tiene que ver con una «obsesión política y manía persecutoria», afirmó Alfredo Castelló, para quien el debate es puramente «ideológico». Por su lado, Mata rechazó tomar decisiones «revanchistas».
Esta es la segunda vez que Podemos intenta en esta legislatura eliminar las prerrogativas. PSPV y PP ya se opusieron en junio para impedir que se reformara el estatuto, pero la formación morada ha vuelto a intentarlo.
Ayer se mostró dolida porque el PSPV rechazara el derecho de revocación parlamentaria en casos de condena por delito contra la administración. Mollà aseguró que votarán en contra en pleno si no se incluye ninguno de los cambios que proponen.
