La primera sesión de la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc entre 2007 y 2008 reunida esta mañana en las Corts Valencianes ha permitido aprobar en un clima de elevada tensión entre los grupos, con continuas interrupciones y que ha obligado incluso a la presidencia a llamar al orden a los diputados, el plan de trabajo que ha propuesto Podemos y sobre el que las dos formaciones que van a ser investigadas, PSPV y Bloc (socio mayoritario de Compromís), se han abstenido, aunque era el mejor les venía ya que evita las comparecencias de mayor peso político.

La comisión comenzará el lunes 10 de diciembre y tendrá cinco comparecientes, uno a propuesta de cada grupo, aunque los nombres aún no están decididos al acabar la comisión.

Se ha rechazado el plan de trabajo de PP y Ciudadanos, que recogía las comparecencias del presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, o del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y varios de sus ministros como el valenciano Bernat Soria, que por aquellos años estaba al frente de la cartera de Sanidad o la de Vivienda, Beatriz Corredor. El plan de trabajo estaba en la línea del de la comisión del Senado que promovió el PP.

Las intervenciones han puesto en evidencia que uno de los principales propósitos de Podemos es que las conclusiones queden aprobadas por el pleno de las Corts Valencianes antes de que acabe la legislatura. Podemos ha pedido en la comisión que se aceleren las comparecencias de forma que en la primera sesión se sepa ya quienes van a ser los primeros comparecientes. La formación morada ostenta la presidencia de la investigación, aunque el titular César Jiménez se ha ausentado esta mañana porque acaba de ser padre, de forma que le ha sustituido la socialista Toñi Serna que ha tenido que lidiar con la gresca en la que ha derivado la comisión por momentos.

El pleno ha aprobado el plan de trabajo con las comparecencias de José Císcar, el supuesto denunciante del caso de presunta financiación; los exalcaldes de Gandia Jose Manuel Orengo y Arturo Torró; el exgerente de la empresa Crespo Gomar, Alberto Gomar; el exsocio José Crespo; el exempleado Jose Ramón Tiller; la exministra Cristina Narbona; la exdirectora general del ministerio de Sanidad Etelvina Andreu; el presidente del Bloc y ahora de las Corts, Enric Morera; el responsable de las finanzas, Xavier Martí; el de campaña; Lluís Miquel Campos; el exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro; el exsecretario de Finanzas del PSPV José Cataluña; el exsecretario general del PSPV Joan Ignasi Pla o la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo. También exconcejales de Dénia Gandia y Benidorm.

También tendrán que comparecer representantes de las empresas Hospimar 2000, Burguer King Spain, Construcciones Blauverd, Lubasa, Egevasa, Fomento Urbano de Castelló o el empresario alicantino Enrique Ortiz, de quien Podemos asegura que puede ser conocedor de información relevante. Con todo, en Podemos aseguran que si durante la celebración de las sesiones se deduce la necesidad de ampliar el listado de comparecientes, se hará. Compromís y PSPV, que son los investigados, no han presentado plan de trabajo

La portavoz de Podemos en la comisión, Cristina Cabedo, ha asegurado que el plan de trabajo de Ciudadanos era vergonzoso porque llevaba el dictamen a un plazo de nueve meses por lo que las conclusiones se salen del final de legislatura, algo que incluso perjudicaría a Ciudadanos, según ha dicho. Podemos recuerda que pactó con Ciudadanos agilizar la comisión y concluirla antes de que acabe la legislatura e incluso ha criticado que Ciudadanos pidiera 30 días para estudiar la documentación.

Mientras, la portavoz del PSPV, Rosa Peris, asegura que las respuestas que llegan de la Justicia apuntan hacia el archivo de la causa porque jamás el PSPV, dice, se financió de manera irregular y nunca hubo una trama. La coportavoz de Compromís, Mónica Álvaro, ha puesto el acento en los errores que hay en la propuesta de trabajo del PP, que incluso habla del Bloc Nacionalista Obrero Español. El PP ha aceptado sumar sus comparecientes a los que había pedido Ciudadanos.