Aunque rubricado por todo lo alto, el trámite en las Corts hasta la aprobación definitiva de los presupuestos de 2019 va a generar más de una discrepancia entre los socios del Pacte del Botànic.
La posibilidad de dar más dinero a los medios de comunicación públicos (À Punt), las ayudas directas a empresas como Air Nostrum o Ford, las subvenciones de Presidencia por valor de un millón de euros, el cambio en la ley de Puertos, una mayor autonomía para la empresa pública de aguas residuales (Epsar), el blindaje del requisito lingüístico por la ley de Acompañamiento tras el retraso en llegar a las Corts la Ley de Función Pública; que los funcionarios puedan alagar su vida laboral hasta los 70 años o la enmienda de Podemos a una tasa turística que los socialistas ya han descartado son algunas de las patatas calientes que se va a encontrar el debate de las cuentas de 2019.
En los despachos de los grupos hay movimiento. El plazo para presentar enmiendas a la ley de Acompañamiento acaba el 14 de noviembre y hasta el 26 de este mes se pueden presentar las de los presupuestos. Podemos ya ha anunciado que intentará mejorar por esta vía un presupuesto al que ya ha puesto su firma y que ha pactado con una puesta en escena propia de las grandes ocasiones, con imagen de Puig, Oltra y Estañ junto al Consell en pleno en el Palau de la Generalitat.
Pero aunque el tripartito ha preferido este año proyectar la imagen de paz y consenso a seis meses de las elecciones frente a la tensión del año pasado cuando PSPV y Compromís tuvieron que echar mano de los diputados no adscritos para poder tramitar el presupuesto, no todo está resuelto.
Incluso hay voces en Podemos que aseguran que en la Ley de Acompañamiento (clave en todos los presupuestos) hay varias cuestiones polémicas que complican su aprobación.
Afirman que una de las líneas rojas es el cambio en la gestión de los puertos. Fuentes de la formación morada aseguran que la modificación incluida en la ley de Acompañamiento supone una privatización encubierta de instalaciones como las del puerto de Dénia que beneficiarían a una empresa determinada, como en el caso de Torrevieja, que aún tiene más tráfico marítimo.
Esas voces se niegan a aceptarlo porque ven la iniciativa del Consell como una especie de modelo Alzira aplicado a los puertos valencianos, una privatización en toda regla.
Otra cuestión polémica es la de dotar de más autonomía a la Epsar, una firma que está en la médula de la corrupción del caso Emarsa.
La ley de Acompañamiento permitiría relajar el control sobre una entidad que se nutre de una tasa pública y sobre la que incluso dirigentes socialistas como el alcalde de Albal, Ramón Marí, han alertado de que puede ser el germen de un nuevo caso de corrupción, como contó ya este diario.
Otra de las cuestiones que no gusta en Podemos es la de permitir que los funcionarios puedan alargar su carrera profesional hasta obtener el máximo de cotización hasta los 70 años como recoge la Ley de Acompañamiento. Afirman que lo que hay que hacer es todo lo contrario y rejuvenecer la plantilla de la Generalitat porque ya está demasiado envejecida.
Así, la Epsar o los puertos son para Podemos cuestiones innegociables aunque otras fuentes apuntan que no llegará a tensarse tanto la cuerda como el año pasado porque sería contraproducente votar en contra o abstenerse en la ley de Acompañamiento cuando ya se ha firmado un acuerdo global de los presupuestos a bombo y platillo.
Respecto a las ayudas de Presidencia, Podemos sostiene que están debidamente justificadas y que en todo caso ellos mantienen un control sobre este tipo de subvenciones y que ya lograron rebajarlas al millón de euros anual.
El presupuesto de À Punt es otro gran escollo. El PSPV no quiere cambiar los actuales 55 millones ya que considera que la nueva televisión tiene que ajustarse al mismo presupuesto del año pasado y apuesta por una solución jurídica (una especie de moratoria a través de la ley de Acompañamiento) que permita cumplir la ley que obliga a À Punt a no gastar en personal más de un tercio del presupuesto total, algo que ahora se incumple.
La otra opción sería aumentar el presupuesto, aunque prefieren la primera, en contra de las preferencias de su socio, Compromís.
La coalición quiere darle más dinero a À Punt. Sostiene que la ley contempla un máximo y un mínimo y que no se cumple ni siquiera el mínimo del 0,3% del presupuesto de la Generalitat ya que los 55 millones no alcanzan ese porcentaje. Pero Compromís no tiene decidido aún si presentará enmienda ya que prefiere antes intentar un acuerdo con sus socios.
Podemos no tiene una decisión tomada. Esperará a la próxima comparecencia en las Corts de la directora general, Empar Marco, y del presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, para que detallen sus necesidades. Tras escucharlos tomará una decisión.
Pero en Podemos tienen decidido ya que si hay un aumento de presupuesto para los medios de comunicación públicos tiene que ser de forma muy bien justificada. Los tres partidos coinciden en que la necesidad de no despedir a ninguno de los ya contratados.
Las ayudas directas a Ford o Air Nostrum que recoge el presupuesto no gustan a Podemos, aunque en la formación morada señalan que la que afecta a la multinacional con sede en Almussafes es una cuestión delicada porque justo en este momento la firma norteamericana aplica un ERE temporal en la planta.
De hecho hay discrepancias internas en Podemos por esta cuestión. Hay consenso en las ayudas para motores o para el nuevo modelo de Kuga, pero no en los diez millones de asignación directa. Lo mismo ocurre con la partida de tres millones para Air Nostrum, también asignación directa. Sostienen que el año pasado tenía sentido porque la compañía estaba en proceso de renovación de sus aparatos por unos más ecológicos, pero no ahora.
Respecto a las ayudas directas que realiza Presidencia a entidades y colectivos aunque a principios de semana se planteó la posibilidad de que Podemos presentara enmiendas no es probable que se lleve a debate, como la cuestión de la tasa del azúcar. Sí se forzará en cambio el debate sobre la tasa turística de la que los socialistas no quieren ni oir hablar.
Mientras, Compromís aboga por actuar igual que en los últimos años y no presentar enmiendas que después pueda tumbar su principal socio, el PSPV.
Aún están pendientes reuniones entre ambos para tratar de acercar posturas en cuestiones como la posibilidad de dar más dinero a la televisión o el requisito lingüístico. Sobre esta cuestión hay un acuerdo desde 2017 aunque la presentación de la ley de Función Pública que recoge el requisito se ha ido demorando y amenaza con no llegar a tiempo para que las Corts la validen antes de acabe la legislatura. De hecho no está ni entre la quincena de leyes que el Botànic acordó desarrollar antes de que acabe la legislatura, como recoge el pacto de presupuestos.
