La trama de asesorías orquestada por el exsecretario de Canet, José Antonio Sancho Sempere, y el interventor Rafael Parra Mateu, que cobraba informes a mil euros el folio y logró recaudar 1,7 millones de catorce ayuntamientos sin contratos, utilizaba cuatro empresas para sus fines.

Se trataba de la Academia Valenciana de Juristas, la asociación Asesores Profesionales, Millena III Milenio y Asesores Económicos Públicos SL. Ni Sancho Sempere, ni Parra Mateu figuraban en las tres entidades. Para eso estaban los cuatro testigos que declararon ayer ante los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València.

Se trata de tres abogados y un funcionario que se convirtieron, sin saberlo, en auténticos hombres de paja de Sancho Sempere y Parra Mateu. Ambos, durante sus declaraciones del pasado martes, intentaron responsabilizarlos de todas las decisiones que se tomaban en las tres entidades, supuestamente sin ánimo de lucro.

Entre los cuatro testigos existían situaciones variopintas. Uno figuraba como presidente de la Academia Valenciana de Juristas, otro llegó a ser tesorero, entre otros cargos pero ayer todos negaron haber realizado trabajos para estas entidades o haber participado en su creación, gestión o contabilidad. Aunque sus nombres y firmas aparecen en facturas y documentos.

«Cuando firmaba algo era porque me lo pedía Sancho Sempere o porque lo dejaba dicho. Quien dirigía todo era Sancho Sempere, estaba clarísimo», declaró el abogado J. J. G. M., que entró a trabajar como pasante para Sancho Sempere por la relación de su familia con el exsecretario de Canet y llegó a presidir tres de las asociaciones creadas por Sancho Sempere.

Sobre las facturas pasadas al cobro al Consorcio de Museos, este letrado defendió que supo de ellas «por el procedimiento». Incluso admitió que llegó a firmar «cheques en blanco, porque la confianza era total. Nunca me había pasado nada».

Otro letrado, I. S. M., fichado por Sancho Sempere a través de la bolsa de trabajo del Colegio de Abogados en 1996, también explicó que cuando les propuso formar parte de la Academia Valenciana de Juristas aceptaron «porque no cuestionábamos las decisiones del director. Pero nunca manejamos las cuentas».

Este abogado se enteró de su participación de la trama de asesorías «cuando recibí una querella del juzgado de Massamagrell por una serie de facturas falsas en la Pobla de Farnals» (localidad cuya alcaldesa fue condenada junto a Sancho Sempere por cohecho).

El tercer letrado en declarar ayer, J. R. Ll. C., también llegó a figurar como presidente de Asesores Profesionales, «aunque me di de baja en 2004 y le dije que nunca más usara mi nombre». Aunque su sorpresa fue mayúscula cuando en 2007 descubrió, en un trabajo particular para un ayuntamiento, «que aún estaba vinculado a la Academia valenciana de juristas. Tuve una bronca con Sancho Sempere y le dije que yo no era ningún monigote».

Por último, el funcionario J. L. R. S, cuñado del economista Parra Mateu, admitió haber realizado trabajos puntuales para él, pero que en ningún caso justificaban las facturas pasadas al cobro al Consorci de Museus. «Es totalmente falso que yo acudiera a trabajar al Consorcio», declaró.

En la segunda jornada del juicio contra Sancho Sempere y Parra Mateu también declaró como testigo el exsecretario autonómico, Rafael Miró, quien negó haber tenido conocimiento de las irregularidades y contrataciones realizadas por Parra Mateu como interventor del Consorcio.

«No me avisaron que iban a contratar a la Academia valenciana de juristas o a la empresa Millena III Milenio». Y negó incluso haber hablado con él. «Yo tenía a mi cargo más de diez entes como éste. Me fiaba totalmente del interventor», justificó. La jornada finalizó con la declaración de dos agentes del equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil que confirmaron el trasvase de dinero entre las cuatro empresas que manejaban los dos acusados aunque no figuraran formalmente.