El Consell se verá obligado a realizar una modificación de crédito en el presupuesto de 2019, aún pendiente de aprobar, para habilitar una partida de cien millones para abonar las indemnizaciones que se derivan de una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución afecta a un inmueble de lujo conocido como Torres de Benidorm que la Generalitat autorizó en zona de servidumbre marítima en la época en la que Isabel Bonig era consellera de Infraestructuras.
Ayer en las Corts y en plena negociación de los presupuestos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se refirió a esta sentencia como la «enmienda Bonig» a las cuentas de la Generalitat.
La semana pasada el presidente ya sacó a colación este tema en la sesión de control en las Corts aunque justamente al día siguiente, el viernes 23, el Supremo notificó el rechazo al recurso del Consell.
Ahora el Supremo ordena a la Generalitat a consignar presupuestariamente el importe de las indemnizaciones a pagar a los propietarios de los pisos de las Torres de Benidorm, dos torres de 22 plantas cada una, con zonas comerciales y otros espacios. En total 168 apartamentos de lujos, con un precio de mercado de 2012 de entre 400.000 y 700.000 euros.
Contra la sentencia comunicada al Consell ya no cabe recurso ordinario, según informaron fuentes de la conselleria de Hacienda.
El auto de ejecución definitiva de la sentencia ordena a la Generalitat a presentar en el plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres junto con la previsión presupuestaria del coste y habilitar las indemnizaciones a los propietarios antes de esos tres meses La conselleria ha realizado una estimación de este coste, que alcanza los 100 millones. Las torres se construyeron con autorización del Consell en la zona de servidumbre marítima, un espacio protegido donde no se puede construir.
