La consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, lamentó ayer que la demolición de Gemelos 28, dos torres de veintidós alturas y 168 viviendas de lujo ubicadas en la primera línea de la playa de Benidorm, «se va a convertir en el paradigma del mal urbanismo». El Consell trabaja ya en la valoración del precio de las viviendas, la mayoría propiedad de extranjeros, y la elaboración del proyecto de demolición con las consideraciones de su posible afección al entorno. El Ejecutivo autonómico tiene que hacer una previsión presupuestaria para consignar los cerca de 180 millones de euros que costará el derribo y las indemnizaciones a los propietarios, que percibirán un 20 % más de lo que pagaron por sus viviendas.
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos de la Generalitat y la empresa Terras de l'Horta, filial de Edificaciones Calpe, y ha agotado así la última vía judicial para evitar la demolición de Gemelos 28. Según el auto de ejecución definitiva de la sentencia del TSJCV de 2012, el Consell dispone de un plazo de tres meses para presentar el proyecto de demolición de los dos edificios ante el propio tribunal valenciano. Las torres se encuentran ubicadas cerca del parque natural protegido de la Serra Gelada y en primera línea del mar, donde hay además un banco de poseidonia, dos aspectos que tienen que incorporarse al informe que la Generalitat tiene que presentar para garantizar la demolición «en las mejores condiciones posibles». La consellera lamentó que la sentencia «es una más de las herencias de la nefasta gestión» del PP.
