El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado que «para la Comunitat Valenciana, la reforma del sistema de financiación autonómica es una cuestión de prioridad máxima, que ha de abordarse lo antes posible». «Si el presidente Mariano Rajoy y el PP no hubieran incumplido todas sus promesas de que para 2017 habría un nuevo modelo, ahora los valencianos no seguirían padeciendo una insuficiencia de recursos inadmisible para sostener las competencias del Estado de Bienestar», ha recalcado.

Por eso, «la reforma de la financiación es un asunto de máxima prioridad para los valencianos. Son demasiados años en los que hemos tenido un trato discriminatorio, inaceptable, injusto y que es, incluso, anticonstitucional», ha señalado. Soler ha indicado que «bienvenidas sean todas las mejoras parciales que el Gobierno de Sánchez pueda hacer», y que con el gobierno Rajoy «ni siquiera se plantearon», pero ha advertido de que los valencianos no pueden aceptar esta situación.

Soler ha hecho estas manifestaciones tras conocer que algunos expertos de las comunidades autónomas han apuntado que la modificación del modelo ya no es urgente para las autonomías porque la mejora de la economía ha incrementado los ingresos. «No es en modo alguno el caso de la C. Valenciana, que reclama ahora exactamente igual que hace unos meses una solución al problema de la financiación de las comunidades y, en particular, la de los valencianos», ha aseverado.

«Antes se alegaba la crisis para mantener injustamente que no tocaba debatir este asunto, cuando luego sí había recursos para otras cuestiones, y ahora algunos esgrimen la recuperación económica para no abordar el problema. No valen las excusas ni pretextos», ha indicado. Para Soler, «no hay que caer en la miopía política, ni en una visión cortoplacista. Todas las comunidades están infrafinanciaciadas, como han acreditado los expertos a nivel nacional».

«Han determinado que la brecha entre los recursos que recibieron y las necesidades financieras para mantener la sanidad, la educación y la protección social es de 16.000 millones», ha recordado Soler, quien ha considerado que «hay que proceder a una redistribución de los recursos en función de las competencias que tiene cada nivel de la administración».