El Juzgado de Instrucción 43 de Madrid ha rechazado la petición de las Corts de acceder a las diligencias instruidas por dicho órgano judicial sobre los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad a la empresa Crespo Gomar SL, dentro del marco de la comisión de investigación sobre presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc. En el escrito remitido por juez, recuerda que las diligencias del sumario «serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley». El magistrado es muy claro al señalar que su entrega a la comisión de investigación «podría conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados». Incide, además, en la tutela judicial, que busca hacer justicia y perseguir el delito, por lo que el traspaso de documentos o información para un uso distinto al permitido «conllevaría su infracción».

A estos efectos, recuerda que la Constitución recoge en su articulado que la publicidad de las actuaciones judiciales «no implica la publicidad y entrega de los documentos y actos documentados contenidos en la causa pendiente de enjuiciamiento, a sujetos distintos de los personados en la misma». En el auto, se argumenta que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción para preparar el juicio oral, «solo adquieren virtualidad probatoria una vez son valoradas por el juzgador y aprecia su validez». En la parte expositiva, se reiteran las funciones de las comisiones de investigación, entre las que no se encuentran que puedan recabar de los Juzgados y Tribunales información o documentación de los procedimientos de los que conocen, «por lo que no puede accederse a la solicitud de documentación realizada».

Como se recordará, la Fiscalía pidió ayer mismo el archivo de las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a la consultora de comunicación Crespo Gomar, en la etapa 2009-2012 por el importe de 126.208 euros. Se adhería así a la Abogacía del Estado, que ya solicitó el sobreseimiento de esta causa al no apreciar la comisión de algún delito. Otro juzgado de Madrid también archivo la misma investigación por un contrato con el Ministerio de Sanidad por valor de 184.138,40 euros.